La revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco (TPD) de la Unión Europea afronta un nuevo obstáculo después de que la Junta de Escrutinio Regulatorio (RSB) emitiera una segunda valoración negativa sobre el trabajo preparatorio de la Comisión Europea. El organismo cuestiona varios aspectos de la evaluación de impacto que debe acompañar a la futura propuesta legislativa, lo que obliga a revisar el documento antes de continuar con su tramitación.
La decisión se adoptó el 9 de noviembre de 2026 y fue publicada inicialmente por el boletín Europe.Table el día 12 del mismo mes. La evaluación examinada está vinculada a la actualización de la Directiva sobre Productos del Tabaco y de la Directiva sobre Publicidad del Tabaco.
No es la primera vez que la Comisión se encuentra con este problema. En diciembre de 2025, la Junta ya emitió un dictamen desfavorable sobre la evaluación de la normativa vigente. Entre sus observaciones figuraban la falta de claridad sobre cómo debían regularse los nuevos productos de nicotina y la ausencia de un análisis sobre su relación con la legislación europea relativa a los impuestos sobre el tabaco.
Pese a aquel pronunciamiento, la Comisión publicó el informe de evaluación el 2 de abril de 2026. Ahora, el nuevo rechazo afecta a la evaluación de impacto de la futura revisión normativa. Un portavoz de la institución europea ha señalado que sus servicios trabajan para presentar la propuesta lo antes posible, aunque no ha concretado una fecha.
El organismo que supervisa la calidad de las propuestas europeas
La Junta de Escrutinio Regulatorio (RSB) forma parte de la estructura de la Comisión Europea desde 2015. Se creó para reforzar los mecanismos de control de calidad de las iniciativas legislativas y sustituyó a la anterior Junta de Evaluación de Impacto, que desempeñaba estas funciones desde 2006.
Está integrada por nueve miembros: un presidente, cuatro altos funcionarios de la Comisión y cuatro especialistas externos. Sus integrantes trabajan a tiempo completo durante un mandato no renovable de tres años y actúan con independencia de los departamentos encargados de elaborar las propuestas legislativas.
Su cometido consiste en examinar las evaluaciones de impacto que acompañan a las nuevas iniciativas europeas y determinados análisis de la legislación existente. Para ello, comprueba si los problemas están correctamente identificados, si se han estudiado distintas alternativas y si las consecuencias económicas, sociales y normativas cuentan con una justificación suficiente.
La Junta no decide qué leyes debe aprobar la Unión Europea ni establece los objetivos políticos de las iniciativas. Su función se limita a evaluar la calidad del análisis que respalda cada propuesta. Sus dictámenes pueden ser favorables, favorables con reservas o desfavorables.
Un segundo rechazo obliga a revisar el expediente
Los dictámenes de este organismo tienen consecuencias sobre el procedimiento legislativo. Para que una nueva iniciativa pueda avanzar, la Comisión necesita contar con una evaluación de impacto que haya recibido una valoración favorable, aunque incluya observaciones.
Cuando la Junta emite un dictamen negativo, el departamento responsable debe modificar el documento y volver a presentarlo. Si se produce un segundo rechazo sobre la misma evaluación, la iniciativa necesita una decisión política del Colegio de Comisarios para poder continuar.
Este mecanismo no impide necesariamente que una propuesta llegue a presentarse. En 2021, por ejemplo, la iniciativa sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad recibió dos dictámenes desfavorables. Sin embargo, la Comisión terminó presentando su propuesta en febrero de 2022, después de un retraso en su tramitación.
También hay diferencias entre las evaluaciones de impacto y los informes de revisión de una normativa ya existente. En el segundo caso, un dictamen negativo no bloquea la publicación del informe, como ocurrió con el análisis de la actual Directiva sobre Productos del Tabaco en abril de 2026.
En el expediente actual, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) deberá modificar la evaluación de impacto y remitirla de nuevo a la Junta.
Las dudas sobre las restricciones a los nuevos productos de nicotina
Aunque el dictamen completo todavía no es público, diferentes informaciones periodísticas apuntan a que la Junta ha planteado objeciones sobre varios aspectos de la propuesta.
Entre las cuestiones señaladas figuran la proporcionalidad de las medidas previstas, la falta de un análisis específico de sus efectos fiscales y las consecuencias socioeconómicas de los cambios planteados. También habría solicitado más pruebas sobre la hipótesis de que el uso de cigarrillos electrónicos puede favorecer el inicio posterior del consumo de cigarrillos convencionales, conocida como teoría del efecto de entrada.
Otro de los puntos cuestionados sería la justificación jurídica de determinadas prohibiciones que podrían establecerse a escala comunitaria, en ámbitos donde los Estados miembros conservan competencias regulatorias.
Las competencias legislativas
Estas observaciones afectan directamente a algunas de las medidas que se están debatiendo para la futura regulación de los productos de nicotina. La hipótesis del efecto de entrada ha sido utilizada por el comisario europeo de Salud, Olivér Várhelyi, en sus intervenciones sobre el vapeo. En marzo de 2026, un grupo de 23 expertos europeos trasladó sus objeciones a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuestionando las afirmaciones sobre la relación entre los cigarrillos electrónicos y el inicio del tabaquismo.
La cuestión de las competencias legislativas también está relacionada con las peticiones formuladas el pasado 6 de octubre por ocho Estados miembros, entre ellos Francia. Estos países solicitaron medidas como limitar la comercialización de nuevos productos de nicotina, prohibir los aromas en los cigarrillos electrónicos y permitir que cada Estado establezca restricciones sobre las bolsas de nicotina.
A estas cuestiones se suma la fiscalidad. La futura revisión de la normativa sobre productos del tabaco debe coordinarse con la Directiva sobre Impuestos Especiales del Tabaco, cuya negociación también atraviesa dificultades en el Consejo de la Unión Europea. Malta bloqueó su avance el 9 de noviembre, por lo que la Comisión tendrá que aclarar cómo se relacionan ambos textos y qué efectos tendría su aplicación conjunta.
La revisión podría trasladarse a 2027
El nuevo dictamen negativo puede modificar el calendario previsto para la actualización de la Directiva sobre Productos del Tabaco. La presentación de la propuesta estaba prevista inicialmente para el último trimestre de 2026, pero la necesidad de revisar la evaluación de impacto abre la posibilidad de que el proceso se prolongue hasta 2027.
La Comisión Europea mantiene su intención de avanzar con la reforma, aunque tendrá que responder a las observaciones formuladas por la Junta antes de completar los siguientes pasos del procedimiento.
La independencia de la Junta también ha sido objeto de debate
El funcionamiento de la RSB tampoco ha estado exento de cuestionamientos. En 2023, una organización dedicada a la transparencia de los grupos de presión presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo por la posible influencia de representantes de intereses particulares sobre sus integrantes.
En septiembre de 2024, la institución concluyó que no existían pruebas objetivas de una influencia indebida. No obstante, recomendó que los miembros de la Junta evitaran mantener reuniones individuales con representantes de grupos de interés para proteger la percepción de independencia del organismo.
Las últimas decisiones de la RSB también han entrado en el debate sobre la reforma del marco europeo del tabaco. El pasado 3 de noviembre, una coalición formada por 201 empresas y asociaciones comerciales, entre ellas representantes de estancos, distribuidores y agricultores, solicitó a Ursula von der Leyen que reconsiderase el planteamiento de la Comisión para modificar las directivas.
Entre los argumentos recogidos en su petición figuraban las objeciones planteadas por la Junta durante el proceso de evaluación.
Por el momento, la Comisión no ha retirado su iniciativa para actualizar la normativa. Sin embargo, el nuevo dictamen obliga a reforzar la documentación que justifica las medidas previstas, especialmente en lo relativo a sus consecuencias económicas, su encaje jurídico y las evidencias utilizadas para fundamentar las restricciones sobre los productos de nicotina.
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