Lindsey Stroud, miembro sénior de la Alianza de Protección de Contribuyentes (TPA), y Martin Cullip, becario internacional de TPA, critican la reciente propuesta del gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá (PEI) que busca prohibir la venta de productos de tabaco a personas nacidas después de un año específico. Según ellos, esta medida, aunque bien intencionada, podría ser contraproducente al no considerar adecuadamente las herramientas de reducción del daño del tabaco (THR).

La iniciativa busca disminuir el consumo de tabaco a largo plazo, pero Stroud y Cullip señalan que ignora la significativa reducción del consumo juvenil de tabaco. Los datos indican que solo el 2% de los jóvenes de PEI en los grados 7-12 consumieron cigarrillos en el último mes de 2021-22, una disminución del 62,3% respecto a 2018-19. A pesar de esta baja tasa, la preocupación por el vapeo juvenil sigue vigente, aunque su prevalencia ha disminuido levemente en los últimos años.

La propuesta no restringe el acceso a los productos de vapeo, pero la iniciativa «Live Well PEI» destaca la popularidad del vapeo entre los jóvenes y la preocupación por la dependencia a la nicotina. Sin embargo, solo el 4,6% de los jóvenes vapeadores mencionaron los sabores como la razón principal para vapear, en comparación con el 16,8% que lo hizo para relajarse o aliviar el estrés.

LAS PROHIBICIONES FOMENTARÍAN EL MERCADO NEGRO DE TABACO

Stroud y Cullip argumentan que la prohibición generacional no aborda los problemas de salud de los fumadores adultos ni el potencial de los productos THR para reducir las tasas de tabaquismo. En 2022, el 13,1% de los residentes de PEI mayores de 15 años fumaban, un aumento del 52,1% respecto al año anterior, mientras que el vapeo disminuyó un 4,6% en el mismo periodo.

La reducción de daños, definida por el gobierno de PEI como cualquier intervención basada en evidencia que reduzca los riesgos asociados con un comportamiento sin requerir abstinencia, no se refleja en la propuesta actual. Los expertos sugieren que, en lugar de prohibiciones radicales, se debería enfocar en educar a la población sobre los riesgos relativos del tabaco combustible y las alternativas más seguras, promoviendo la transición hacia productos menos dañinos.

La medida de prohibición, según los expertos, no solo es innecesaria debido a la baja prevalencia de tabaquismo juvenil, sino que también podría fomentar un mercado negro de tabaco. A largo plazo, la educación y la promoción de productos THR podrían resultar en una disminución más efectiva y sostenible del consumo de tabaco, tanto entre jóvenes como adultos.

Stroud y Cullip concluyen que, para mejorar la salud pública, PEI debería centrarse en programas educativos que resalten la diferencia de riesgos entre los cigarrillos tradicionales y las alternativas de nicotina, en lugar de implementar políticas no probadas y potencialmente ineficaces.