En los últimos meses, el apoyo de la policía de Canadá a las políticas de reducción de daños y despenalización de drogas ha disminuido significativamente, marcando un giro en la estrategia gubernamental. A pesar de que en el pasado algunos altos mandos policiales respaldaban estas iniciativas, ahora han revocado su apoyo, argumentando que las medidas no han producido los resultados esperados y han generado un aumento en el desorden público.

Uno de los casos más representativos es el de Columbia Británica, donde el gobierno provincial puso fin en mayo de 2024 a su programa piloto de despenalización. Este programa permitía la posesión de hasta 2,5 gramos de drogas como opioides, metanfetaminas y cocaína sin sanciones penales. Sin embargo, la presión policial y las críticas sobre sus efectos en el orden público llevaron a que se revocara esta medida, volviendo a penalizar la tenencia de drogas en espacios públicos.

Dos de las principales organizaciones policiales del país, que inicialmente habían apoyado la despenalización, anunciaron en noviembre de 2024 que ya no respaldan ninguna forma de posesión de drogas para consumo personal. Esta decisión se basó en informes sobre el supuesto aumento del caos urbano y el consumo visible en las calles, aunque críticos señalan que estos argumentos no toman en cuenta factores como el aumento del 32% en la población sin hogar en Vancouver entre 2020 y 2023.

CALIDAD DE VIDA

La salida de altos mandos policiales también ha servido como plataforma para cuestionar la reducción de daños. Scott Sheppard, de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en Yukón, declaró antes de su jubilación en febrero de 2024 que estas políticas estaban creando una «industria» alrededor del consumo de drogas sin ofrecer soluciones efectivas. Por su parte, Shaun Wright, exsuperintendente en Prince George, calificó la despenalización como «el mayor fracaso de política pública en tres décadas», asegurando que contribuyó a normalizar el uso de sustancias peligrosas.

No obstante, expertos en salud pública defienden que los programas de suministro seguro y los sitios de prevención de sobredosis han mejorado la calidad de vida de las personas usuarias. El Dr. Joe Hermer, de la Universidad de Toronto Scarborough, argumenta que la criminalización solo empuja a las personas a consumir drogas en solitario, aumentando el riesgo de muertes por sobredosis. Además, señala que la aplicación de estatutos municipales restrictivos ha obstaculizado los beneficios de la despenalización.

Las críticas también apuntan a que la policía habría condicionado la despenalización desde el inicio, presionando por un límite de porte extremadamente bajo. Mientras que expertos recomendaban un umbral de hasta 18 gramos por sustancia, la policía impulsó la reducción de este límite a solo 2,5 gramos, lo que en la práctica permitió que continuaran las incautaciones.

El retroceso en la política de reducción de daños en Canadá ha generado un intenso debate entre las autoridades, la policía y los expertos en salud pública. Algunos defienden la necesidad de endurecer las normas, y por el contrario, otros alertan sobre los riesgos de criminalizar nuevamente a las personas usuarias de drogas, lo que podría agravar la crisis de sobredosis en el país.