El Gobierno de Argentina aprobó una nueva normativa para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación mediante la Resolución 549/2026, publicada oficialmente el 4 de mayo junto con disposiciones complementarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, reemplaza el esquema basado en prohibiciones por un sistema de registro, control y supervisión para este tipo de productos. Además, incorpora requisitos mínimos de calidad, trazabilidad y seguridad sanitaria para su comercialización.
De acuerdo con el texto oficial, el nuevo modelo busca regular un mercado que durante años operó fuera de canales formales. Entre las disposiciones incluidas se encuentran mecanismos de inscripción obligatoria, controles técnicos y restricciones sobre determinados productos y sabores.
Tras la publicación de la resolución, distintos sectores vinculados al consumo y la comercialización de dispositivos de vapeo y otros productos de nicotina expresaron posiciones divididas. Juan Facundo Teme, integrante de la Red Argentina para la Reducción de Daños por Tabaco (RARDT) y exrepresentante de usuarios de vapeo, señaló que el anuncio generó una reacción inicial positiva entre consumidores adultos y comercios, aunque también aparecieron cuestionamientos relacionados con las condiciones de acceso al mercado.
Según explicó, parte del sector considera relevante que estos productos pasen a estar contemplados dentro de un marco legal específico, después de varios años de circulación informal. También indicó que algunos consumidores valoran la incorporación de estándares de calidad y controles vinculados a la protección de menores.
RESTRICCIONES SOBRE LOS SABORES, COSTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS
No obstante, Teme afirmó que existen preocupaciones por algunos puntos de la normativa, especialmente las restricciones sobre sabores, los costos de inscripción y los requisitos técnicos exigidos para registrar productos ante el nuevo sistema.
La resolución establece que los líquidos para vapear y los dispositivos de tabaco calentado solo podrán comercializarse con sabor a tabaco. En el caso de las bolsas de nicotina, únicamente estarán permitidas las variedades de tabaco y mentol. Además, queda prohibida la venta de cigarrillos electrónicos descartables con líquidos precargados.
Otro de los aspectos señalados por comerciantes y productores locales es el costo del registro obligatorio. La normativa vincula el valor de inscripción al equivalente de 2.000 paquetes del cigarrillo de mayor precio disponible en el país y exige documentación técnica, análisis de laboratorio, datos toxicológicos y controles de calidad.
Según Teme, estas condiciones podrían representar dificultades para pequeñas empresas, tiendas especializadas y fabricantes locales de líquidos para vapeo. También advirtió que, si las exigencias económicas resultan demasiado elevadas, parte de la actividad podría volver al circuito informal o concentrarse en compañías internacionales con mayor capacidad financiera.
Otro punto de discusión está relacionado con la aplicación de la Ley 26.687 de Control del Tabaco a los productos de nicotina de riesgo reducido. Sectores vinculados a la reducción de daños consideran que la equiparación regulatoria con los cigarrillos tradicionales no refleja las diferencias existentes entre ambos productos. Desde el Gobierno, en cambio, la normativa fue presentada como un sistema de control sanitario y supervisión comercial.
NUEVO MARCO REGULATORIO
Las organizaciones de salud pública también reaccionaron tras la publicación del nuevo marco regulatorio. Algunas entidades solicitaron revisar o suspender la implementación de la medida y plantearon inquietudes sobre el posible impacto sanitario de ampliar la comercialización de estos productos bajo regulación estatal.
Entre ellas, FIC Argentina cuestionó el cambio normativo y pidió mayores controles para las nuevas categorías de tabaco y nicotina.
El debate expuso diferencias entre consumidores, comerciantes, organizaciones sanitarias y representantes de la industria sobre el alcance de la regulación y sus efectos en el mercado local.
Teme sostuvo que la implementación será determinante para definir el resultado del nuevo sistema. Según planteó, el modelo podría favorecer la formalización de un mercado que ya existe, siempre que las condiciones de ingreso no excluyan a actores locales.
En los próximos meses, distintos sectores seguirán de cerca indicadores como la cantidad de registros aprobados, la evolución del mercado informal, los precios, la disponibilidad de productos y el funcionamiento de los mecanismos de trazabilidad establecidos por la normativa.
El caso de Argentina también es observado en otros países de América Latina, una región donde las políticas sobre vapeo y productos alternativos de nicotina continúan mostrando enfoques regulatorios distintos entre gobiernos y organismos de salud.
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