Las subidas de impuestos han elevado el costo de los cigarrillos hasta niveles récord y han favorecido la expansión de redes de contrabando en varias ciudades del país.

El precio del tabaco en Australia alcanza los niveles más altos. Un paquete de gama media cuesta en promedio unos 55 dólares australianos, cerca de 40 dólares estadounidenses, casi el doble que en ciudades como Nueva York. En la última década se aplicaron ocho aumentos impositivos con el objetivo de reducir el consumo. Las cifras oficiales muestran un descenso sostenido en la tasa de tabaquismo.

Al mismo tiempo, el encarecimiento del producto ha favorecido la expansión de un mercado paralelo que, según estimaciones citadas por autoridades y expertos, podría representar hasta la mitad de las ventas totales de tabaco en el país. El valor de esta actividad se calcula en miles de millones de dólares.

Una profesora de Australia, Pat Felvus, de 75 años, explicó que comenzó a comprar cigarrillos ilícitos cuando el precio en tiendas superó los 50 dólares australianos por paquete. En el mercado ilegal puede conseguirlos por entre 10 y 15 dólares. Según su testimonio, los puntos de venta no oficiales operan en tiendas de conveniencia, locales de golosinas y estancos en distintas zonas urbanas, según comunico The New York Times.

LOS IMPUESTOS COMO HERRAMIENTA EFICAZ

La disponibilidad y la competencia entre proveedores han reducido el precio de estos productos clandestinos, mientras el costo de bienes básicos continúa en aumento. Paralelamente, la policía ha reportado un incremento de hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales por el control del negocio.

Las autoridades han registrado al menos 100 ataques incendiarios relacionados con conflictos entre organizaciones dedicadas al comercio ilegal de tabaco, principalmente en Melbourne. Un grupo de monitoreo ha contabilizado más de 250 incidentes. En enero de 2025, una mujer de 27 años murió tras un incendio provocado en una vivienda que, según la policía, fue atacada por error en el marco de estas disputas.

Gran parte de los cigarrillos ilegales ingresan al país desde regiones donde los precios son significativamente más bajos, como partes de Oriente Medio y China. Marcas como Manchester, asociada a fabricación en Emiratos Árabes Unidos, y Double Happiness, de origen chino, circulan con frecuencia en el mercado clandestino.

El gobierno australiano ha calificado la situación como una crisis vinculada al tabaco ilegal. Sin embargo, mantiene la política fiscal vigente y ha reforzado las medidas de control y aplicación de la ley. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los impuestos al tabaco constituyen la herramienta más eficaz para reducir el consumo.

Rohan Pike, exdetective de la Policía Federal que encabezó un grupo de trabajo sobre tabaco en la Fuerza Fronteriza Australiana, señaló que el nivel actual de gravámenes ha generado condiciones similares a una prohibición parcial y ha ampliado el espacio para el crimen organizado. Comerciantes han denunciado presiones para vender cigarrillos ilícitos o ceder el control de sus locales.

DECISIÓN DE COMPRA

En Geelong, al oeste de Melbourne, Jacqui McQueen, trabajadora en el área de violencia doméstica, afirmó que en su entorno existen numerosos puntos donde se consiguen cigarrillos fuera del sistema legal. Indicó que el aumento de precios modificó los hábitos de compra entre consumidores.

En septiembre pasado, el gobierno volvió a elevar el impuesto especial, que actualmente ronda los 1,50 dólares australianos por cigarrillo, aproximadamente el triple que hace diez años.

Algunos fumadores han reducido el consumo o migrado a alternativas como el vapeo. Otros continúan adquiriendo cigarrillos en el mercado ilegal. Para muchos, el diferencial de precio determina la decisión de compra.

El debate se centra ahora en el alcance de la política impositiva y sus efectos colaterales. Ls indicadores de salud pública muestran una caída en el consumo, sin embargo, las autoridades enfrentan el crecimiento de una red ilícita que combina contrabando, pérdida de recaudación fiscal y episodios de violencia.