Pese a la evidencia sobre sus beneficios como alternativa al cigarrillo, las políticas de salud pública siguen cerrando la puerta al vapeo y otras formas de reducción de daños.

Por años, organizaciones de salud han desoído el potencial del vapeo como una herramienta para reducir los daños del tabaquismo. Lejos de considerar alternativas como los cigarrillos electrónicos, el snus o los parches de nicotina como opciones más seguras, muchas autoridades los han puesto en la misma categoría que el tabaco tradicional. El resultado ha sido una batalla desigual, donde pequeños grupos pro-vapeo intentan defender su utilidad ante un aparato institucional que los margina.

MÁS IDEOLOGÍA QUE CIENCIA

Uno de los problemas clave es la forma en que se construyen las políticas públicas: no siempre sobre la base de datos, sino muchas veces como reacción a la indignación moral. Lo que se considera «peligroso» no siempre lo es en términos científicos, sino en función de creencias, prejuicios o valores.

El ejemplo más evidente: el movimiento prohibicionista de los años 20 en EE. UU. El alcohol no desapareció, pero sí aparecieron mafias, productos ilegales y muertes por bebidas adulteradas. En lugar de regular de forma inteligente, se optó por el veto absoluto. Lo mismo ocurre hoy con la nicotina: en lugar de pensar en cómo reducir el daño, muchos sectores quieren eliminar su uso por completo.

REDUCIR DAÑOS

Parte del rechazo al vapeo no viene tanto del producto como tal, sino de quiénes están detrás. La presencia de grandes compañías tabacaleras en el mercado del vapeo ha disparado alarmas entre activistas y ONG, quienes temen una repetición del pasado: estrategias de marketing agresivo, etc. Sin embargo, esta postura ignora que el contexto ha cambiado y que, bajo regulaciones apropiadas, el vapeo puede salvar vidas.

Asimismo, esos mismos grupos que critican el vapeo, defienden con entusiasmo la legalización del cannabis. Ambas posturas buscan reducir daños, pero el vapeo es estigmatizado, en gran parte, por su vínculo con el “enemigo histórico”: la industria tabacalera. La doble moral es evidente.

VAPEAR NO ES FUMAR

Muchas autoridades y organizaciones como la OMS han impulsado medidas que equiparan el vapeo al consumo de tabaco. Prohibiciones de sabores, restricciones en espacios cerrados y campañas de miedo buscan frenar su crecimiento. Pero el razonamiento detrás de estas decisiones es débil. El riesgo de vapear —especialmente para terceros— es mínimo comparado con el humo del cigarrillo tradicional.

Al confundir ambas prácticas, se cierran oportunidades reales para millones de fumadores que podrían dejar el tabaco si se facilitaran las alternativas.

«RIESGO CERO»

En la última década, las políticas de salud han abrazado la idea de que todo debe ser 100% seguro: cero residuos, cero emisiones, cero riesgos. Pero esa visión absolutista es imposible. Ningún producto está libre de riesgos, y exigir pruebas de seguridad absoluta paraliza la innovación. Como dicen algunos expertos, lo racional es reducir los peligros tanto como sea posible, no eliminarlos por completo, porque eso rara vez es viable.

Un ejemplo claro: cuando la Comisión Europea evaluó los cigarrillos electrónicos, comparó su riesgo no con el tabaco, sino con no consumir nada. Así, el resultado fue obvio: vapear es menos seguro que no vapear. Pero esa comparación no tiene sentido práctico para quienes ya fuman.

Muchos reguladores están dejando de lado a los expertos en salud pública para escuchar solo a los especialistas en adicciones. Para ellos, cualquier sustancia adictiva es inaceptable, sin importar el nivel de daño. Esa lógica lleva a posturas extremas como «una calada es demasiado», y olvida que muchas sustancias legales, como la cafeína, también generan dependencia.

La nicotina, aunque adictiva, no es cancerígena ni causa enfermedades cardíacas como el tabaco. Pero la conversación pública rara vez distingue esos matices.

El rechazo institucional al vapeo no está guiado por la ciencia, sino por posturas morales, prejuicios industriales y una obsesión poco realista con el “riesgo cero”. Esto ha obstaculizado políticas más sensatas que podrían salvar vidas.