Bélgica ha iniciado una nueva fase en su política sobre cigarrillos electrónicos tras la prohibición de los dispositivos desechables. En este contexto, se analiza la posibilidad de limitar o vetar los productos con sabores, una medida que se plantea como parte de las acciones dirigidas a regular el consumo.
Datos recientes del Instituto Fraunhofer sitúan el volumen del mercado ilegal de productos de vapeo en la Unión Europea en torno a los 6.600 millones de euros. Según ese informe, cerca de la mitad de los dispositivos consumidos en el bloque se distribuyen fuera de los canales autorizados. Bélgica ocupa una posición relevante dentro de este escenario debido a su papel como punto logístico para importaciones procedentes de China. Actualmente, el país registra una cuota estimada del 26% de mercado irregular, una de las más bajas de la UE, vinculada a la existencia de sistemas de control y distribución establecidos.
La posible restricción de los sabores se enmarca en este debate. Experiencias en otros países europeos aportan datos sobre su impacto. En los Países Bajos, tras la aplicación de una medida similar, se registró en un año un incremento del 25% en el uso de vapeadores entre menores y un aumento del 4% en el consumo de tabaco en ese mismo grupo.
PROTECCIÓN DE MENORES
En cuanto a los hábitos de consumo, la mayoría de usuarios adultos en Bélgica utiliza líquidos con sabores distintos al tabaco. A nivel europeo, se estima que el 68% de los consumidores opta por variedades como frutas o dulces. Investigaciones citadas en este ámbito indican que el uso de cigarrillos electrónicos con sabores se asocia a mayores tasas de abandono del tabaco en comparación con los productos con sabor a tabaco.
El debate político en Bélgica se centra en medidas orientadas a la protección de menores y a la salud pública. Los datos disponibles apuntan a que las restricciones en el acceso legal pueden influir en la redistribución del consumo hacia canales no regulados.
El caso neerlandés se mantiene como referencia en esta discusión, tanto por la evolución del consumo juvenil como por el crecimiento del mercado no autorizado y la reducción de ingresos fiscales asociados. Bélgica se encuentra actualmente en proceso de evaluar estas experiencias en la definición de su estrategia regulatoria.
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