El Gobierno de Canadá está evaluando una posible legislación que limite de forma permanente el acceso a productos de tabaco para determinadas generaciones. La ministra federal de Salud, Majorie Michel, señaló que su departamento revisa esta opción tras iniciativas recientes en otros países.

Durante una intervención en Parliament Hill, Michel explicó que se encuentra estudiando la propuesta y manteniendo consultas con distintos actores. Sus declaraciones se producen después de que el Reino Unido avanzara en una normativa orientada a restringir el consumo de tabaco y dispositivos de vapeo entre la población joven.

En el caso británico, el denominado Proyecto de Tabaco y Vapes fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento y está a la espera del consentimiento real. La medida establece que quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009 no podrán adquirir productos de tabaco en el futuro.

Por el momento, el Ministerio de Salud de Canadá no ha confirmado si existe un encargo formal para desarrollar una legislación similar. Un portavoz del organismo se limitó a remitir a una comunicación anterior, en la que se indicaba que el Gobierno mantiene programas de prevención y apoyo para dejar de fumar.

Según datos oficiales, desde 2018 se destinan 66 millones de dólares canadienses anuales a iniciativas relacionadas con la reducción del consumo de tabaco y los efectos de la nicotina. Además, el Ejecutivo colabora con distintas organizaciones y sectores para diseñar medidas basadas en evidencia.

OBJETIVO PARA 2035

Canadá ha fijado como objetivo reducir la tasa de consumo de tabaco por debajo del 5% para el año 2035. La Encuesta de Salud Comunitaria Canadiense de 2024 sitúa en un 11% el porcentaje de personas adultas que declara fumar.

En relación con el uso de dispositivos de vapeo, datos de Statistics Canada indican que aproximadamente uno de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años los utiliza a diario, mientras que en mayores de 25 años la proporción es menor.

Un estudio publicado por el Gobierno canadiense analiza el impacto potencial de una política de “generación libre de humo”, definida como la prohibición permanente de venta a personas nacidas después de 2009. El informe estima que, en un periodo de 50 años, esta medida podría reducir en 2.300 millones de dólares canadienses los costes del sistema sanitario.

El mismo análisis señala un incremento acumulado de casi 480.000 años de vida ajustados a la calidad. También indica que, aunque existiría una reducción en ingresos fiscales y actividad económica vinculada a la industria tabacalera, los efectos en salud pública tendrían un peso superior.

Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, afirmó que no ha participado en el desarrollo de una propuesta de este tipo ni ha mantenido conversaciones formales con la titular de Salud. No obstante, indicó que prevé abordar el tema en futuras reuniones dentro del Gobierno.