La Comisión Mixta de Adicciones del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de abril una proposición no de ley centrada en la regulación de productos vinculados al tabaco, como los dispositivos de vapeo y las bolsas de nicotina. El contenido de la iniciativa, difundido posteriormente, recoge una serie de medidas orientadas a ordenar su comercialización, reforzar los controles y coordinar políticas públicas en distintos ámbitos.

Entre los puntos planteados figura la limitación de la venta de estos productos a los canales autorizados por la normativa vigente. La propuesta excluye su comercialización a través de internet y en establecimientos no especializados. En paralelo, se plantea intensificar los mecanismos de supervisión para asegurar que la distribución se realice únicamente en puntos habilitados, con garantías en materia de trazabilidad, fiscalidad y cumplimiento de requisitos sanitarios y medioambientales.

El texto también contempla el refuerzo de los sistemas de verificación de edad en todos los canales de venta, con el objetivo de impedir el acceso de menores. Para ello, se propone el desarrollo de herramientas más estrictas de control.

Otra de las líneas de actuación recogidas en la iniciativa es la coordinación entre distintos ministerios, entre ellos Sanidad, Hacienda, Derechos Sociales y Consumo, y Transición Ecológica, con el fin de alinear las políticas relacionadas con salud pública, fiscalidad y sostenibilidad.

PRIORIZAR LA PROTECCIÓN

En el ámbito medioambiental, la proposición plantea asegurar la aplicación de la legislación vigente en materia de residuos, obligando a fabricantes, importadores y distribuidores a registrarse, financiar sistemas de recogida y aplicar mecanismos de devolución de dispositivos. Además, se menciona la posible ampliación de programas de reciclaje ya existentes.

El documento incluye también el aumento de inspecciones en canales de venta no regulados, así como la imposición de sanciones en casos de incumplimiento relacionados con la venta a menores, el etiquetado, la fiscalidad o la gestión de residuos.

Por otro lado, se propone analizar el impacto de las medidas en términos económicos, sanitarios y de competencia, con el fin de ajustar su aplicación y priorizar la protección de la población menor de edad. Estas acciones podrían incorporarse en la futura Estrategia Nacional sobre Adicciones.

PSOE y PP promovieron la iniciativa, lo que amplía sus posibilidades de desarrollo político. No obstante, al tratarse de una proposición no de ley, no implica cambios normativos ni obligaciones jurídicas. Su función es reflejar la posición de la Cámara e instar al Gobierno a adoptar determinadas líneas de actuación.

Fuente: Imperial Matters (Imperial Brands).