El Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) ha comunicado su intención de prohibir el uso de dispositivos de vapeo en todos los edificios de acceso público en Inglaterra. La medida fue presentada junto con una Evaluación de Impacto que analiza las posibles consecuencias de la normativa.

Las evaluaciones de impacto se incorporaron a la administración pública en la década de 1990 con el objetivo de respaldar las decisiones políticas con análisis técnicos sobre costes y beneficios. En este caso, el documento examina la propuesta denominada “espacios sin humo, sin tabaco calentado y sin vapeo”, aunque no cuantifica los beneficios económicos derivados de la prohibición.

El DHSC plantea dos objetivos principales. El primero es reducir la exposición a los posibles riesgos del vapeo pasivo. El segundo es disminuir el número de personas que utilizan cigarrillos electrónicos, teniendo en cuenta que estos dispositivos pueden emplearse como herramienta para dejar de fumar en adultos.

EFECTOS EN TERCEROS

En relación con la exposición pasiva, el propio informe reconoce que la evidencia disponible sobre daños es limitada. Un análisis realizado en 2016 por Public Health England concluyó que no existían pruebas de perjuicio para terceros por la exposición al vapor de cigarrillos electrónicos y recomendó que el vapeo no se incluyera de forma sistemática en las políticas de espacios sin humo.

La Evaluación de Impacto también cita un estudio más reciente que detectó niveles más elevados de cotinina —biomarcador de nicotina— en menores que conviven con personas que vapean. Según los datos recogidos, la concentración media en sangre fue de 0,08 microgramos por litro en casos de exposición al vapor, frente a 0,49 microgramos por litro en exposición al humo del tabaco. En menores no expuestos ni a humo ni a vapor, el promedio fue de 0,02 microgramos por litro. El documento señala que un usuario habitual de vapeo presenta niveles cercanos a 250 microgramos por litro.

A pesar de estos datos, el DHSC no asigna un valor económico a los posibles beneficios sanitarios de la prohibición en los aproximadamente seis millones de lugares de trabajo afectados.

LAS RESTRICCIONES

Respecto al segundo objetivo, el informe indica que no es posible determinar con certeza si la restricción reducirá el número de usuarios de cigarrillos electrónicos ni si ello tendría un efecto directo sobre la salud pública. El texto recoge que existe la posibilidad de que la salud de quienes abandonen estos productos mejore, aunque no cuantifica ese impacto.

En el análisis de costes, la Evaluación de Impacto identifica tres áreas principales. La primera se refiere al posible efecto en establecimientos de hostelería si algunos clientes modifican sus hábitos de consumo. El documento no estima cifras concretas al respecto.

La segunda contempla el impacto en el bienestar de los usuarios que tendrían que abandonar los espacios interiores para vapear. El informe señala que, bajo determinados supuestos económicos, limitar los lugares donde se permite el consumo puede implicar una pérdida de excedente del consumidor, aunque también plantea que la reducción de la dependencia podría interpretarse como un beneficio.

SALUD PÚBLICA

El tercer aspecto analizado se relaciona con la salud pública. El propio documento reconoce que dificultar el uso del vapeo podría incrementar las barreras para quienes lo utilizan como alternativa al tabaco tradicional y que ello podría ralentizar el abandono del tabaquismo a nivel poblacional. Como medida de mitigación, la propuesta prevé permitir el vapeo en determinados espacios exteriores, incluidos los alrededores de hospitales.

La Evaluación de Impacto cifra en 531,8 millones de libras esterlinas el coste total de las nuevas restricciones, derivados principalmente de la adaptación normativa por parte de empresas, como señalización y formación de personal. En cambio, los beneficios económicos se estiman en cero libras, al no poder determinarse de forma concluyente los efectos de la medida sobre el consumo de tabaco, productos de tabaco calentado o cigarrillos electrónicos, ni sobre la salud general.

El documento concluye que no es posible afirmar con certeza si la normativa producirá una mejora sanitaria, aunque mantiene la propuesta de ampliar las restricciones al vapeo en espacios públicos cerrados.