En abril de 2023, el gobierno de la República Checa presentó un ambicioso plan de acción para combatir las adicciones, con el objetivo de fortalecer la «estrategia nacional para prevenir y reducir los daños asociados al comportamiento adictivo». A más de un año de su implementación, surgen dudas sobre si las acciones gubernamentales están alineadas con estos objetivos, en particular en relación al cannabis y los productos de vapeo.

Uno de los temas más controvertidos es la regulación del cannabis recreativo. La esperada Ley de Gestión del Cannabis se centra únicamente en la despenalización del autocultivo, dejando de lado otros aspectos cruciales, como la creación de un mercado regulado y la introducción de clubes de cannabis, medidas que habrían ayudado a controlar mejor la adicción, siguiendo el modelo alemán.

En cuanto a los cigarrillos electrónicos, un nuevo proyecto de ley propone prohibir los sabores distintos del tabaco y endurecer los requisitos de empaquetado, lo que ha generado preocupación en la industria del vapeo. Los críticos argumentan que estas medidas podrían empujar a los usuarios de vapes a volver a los cigarrillos tradicionales, lo que contradice el enfoque de reducción de daños promovido por el plan de acción del gobierno.

El ex coordinador nacional antidrogas, Jindřich Vobořil, había defendido una regulación integral del cannabis y rechazado las prohibiciones propuestas para los vapes, argumentando que estos dispositivos son una alternativa menos perjudicial al tabaco. No obstante, su renuncia a finales de agosto deja un vacío en la implementación de estas políticas, y no está claro si su sucesor seguirá defendiendo su legado.

A medida que crece la presión tanto interna como internacional para que el gobierno checo mantenga el curso propuesto en su plan de acción contra las adicciones, la implementación efectiva de las reformas parece estar en juego.