La política italiana sobre el control del tabaco ha seguido una línea distinta a la de otros países europeos en lo que respecta a los productos de nicotina de menor riesgo. Desde la llegada de Giorgia Meloni al Gobierno en octubre de 2022, el Ejecutivo ha mantenido las medidas de control aplicables al tabaco combustible, al tiempo que ha evitado equiparar de forma generalizada el vapeo y los productos de tabaco calentado con los cigarrillos tradicionales. 

Durante este periodo, Italia ha conservado la normativa vigente sobre espacios libres de humo y ha incrementado de forma gradual la fiscalidad sobre los cigarrillos. Sin embargo, el Gobierno también ha rechazado algunas propuestas dirigidas a aplicar las mismas restricciones a los productos de menor riesgo y ha mostrado su desacuerdo con iniciativas europeas que plantean una regulación idéntica para todos los productos con nicotina en espacios públicos. 

La legislación italiana sobre el consumo de tabaco en lugares públicos permanece en vigor desde 2005. La norma prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público y centros de trabajo, salvo en zonas habilitadas para ello. Posteriormente, el país elevó a 18 años la edad mínima para adquirir productos del tabaco y cigarrillos electrónicos, además de prohibir fumar en vehículos cuando viajan menores o mujeres embarazadas. 

UN PLAN DE MEJORA

En 2023, el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, planteó ampliar las restricciones para incluir los productos de tabaco calentado y extender las limitaciones a determinadas zonas al aire libre, como parques y terrazas cuando hubiera menores o mujeres embarazadas. La propuesta no prosperó tras encontrar oposición dentro de la coalición de Gobierno. Entre quienes mostraron su rechazo figuró el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, que defendió el uso de los cigarrillos electrónicos como alternativa para fumadores adultos. 

Mientras tanto, algunas administraciones locales han desarrollado normativas propias. En abril de 2024, el Ayuntamiento de Turín aprobó una regulación que prohíbe fumar o vapear a menos de cinco metros de otra persona sin su consentimiento expreso. La medida contempla sanciones económicas para quienes incumplan la norma y mantiene restricciones específicas cuando hay menores o mujeres embarazadas presentes. 

En contraste, Milán adoptó un enfoque diferente. Desde enero de 2025, la ciudad prohíbe fumar en espacios públicos al aire libre, salvo que el fumador permanezca a más de diez metros de otras personas. La normativa, sin embargo, no incluye el uso de cigarrillos electrónicos, diferenciando así entre productos con combustión y dispositivos de vapeo. Esta regulación forma parte de un plan de mejora de la calidad del aire iniciado años antes. 

MEDIDAS DE CONTROL

La posición italiana también quedó reflejada en el ámbito europeo. En diciembre de 2024, Italia y Rumanía se opusieron a una recomendación de la Unión Europea que proponía ampliar las zonas libres de humo y aerosoles a espacios como playas, terrazas, parques infantiles o áreas de transporte, aplicando las mismas restricciones tanto a cigarrillos como a cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Ambos países argumentaron que la propuesta requería una evaluación de impacto más amplia. 

Al mismo tiempo, el Ejecutivo italiano ha continuado elevando los impuestos especiales sobre el tabaco combustible. No obstante, el país mantiene diferencias fiscales entre los cigarrillos convencionales y otros productos de nicotina. Según datos del Instituto Nacional de Salud correspondientes a 2024, alrededor del 24% de los adultos de entre 18 y 69 años fumaba, mientras que cerca del 30% de los jóvenes de entre 14 y 17 años había utilizado recientemente cigarrillos, productos de tabaco calentado o cigarrillos electrónicos. 

El modelo regulatorio italiano continúa combinando medidas de control sobre el tabaco con un tratamiento diferenciado para los productos de nicotina de menor riesgo. Aunque el país no dispone de una estrategia nacional específica de reducción de daños, el Gobierno ha mantenido una regulación que distingue entre productos combustibles y alternativas sin combustión