Varios gobiernos han adoptado la propuesta de medidas que equiparan los productos de nicotina sin combustión con los cigarrillos tradicionales, en un contexto en el que distintos estudios analizan su papel en el abandono del tabaco.

En países como Malasia, México, Azerbaiyán, Estados Unidos y Corea del Sur, las políticas recientes incluyen prohibiciones, ampliaciones de impuestos y cambios normativos que afectan a dispositivos de vapeo y bolsas de nicotina. Las decisiones se producen mientras investigaciones científicas examinan las diferencias entre estos productos y el tabaco combustible en términos de riesgo y cesación.

Cambios en la venta y distribución

En algunas zonas de Malasia, los productos de vapeo han dejado de exhibirse de forma visible en comercios y su venta se realiza directamente desde el mostrador. Aunque la oferta continúa, el acceso es menos abierto que antes.

Especialistas en regulación señalan que, cuando la demanda persiste y el acceso legal se restringe, parte del mercado puede desplazarse hacia canales informales. Este fenómeno ha sido documentado en otros sectores sometidos a prohibiciones estrictas.

En México, una reforma a la Ley General de Salud promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prohíbe la importación, venta y distribución de dispositivos de vapeo, incluidos los desechables y recargables, así como productos sin nicotina. La normativa contempla sanciones que pueden incluir confiscaciones y multas, incluso para quienes introduzcan estos dispositivos al país.

En Azerbaiyán, el Parlamento analiza enmiendas que establecerían multas y la incautación de cigarrillos electrónicos y sus componentes en casos de importación, venta o almacenamiento no autorizados.

Evidencia científica y comparación internacional

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Annals of Internal Medicine evaluó a fumadores en situación de vulnerabilidad social y registró una tasa de abstinencia continua a seis meses del 28,4% entre quienes utilizaron dispositivos de vapeo con nicotina. En el grupo que empleó terapias tradicionales de reemplazo, como chicles o pastillas, la cifra fue del 9,6%.

En Europa, el caso de Suecia ha sido citado en debates regulatorios por su adopción prolongada del snus, un producto de tabaco oral sin combustión. El país presenta algunas de las tasas más bajas de tabaquismo y cáncer de pulmón en la región.

Diversos estudios distinguen entre los efectos de la nicotina y los derivados de la combustión del tabaco, proceso que genera alquitrán y múltiples sustancias tóxicas asociadas a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas.

Impuestos y marcos legales

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul propuso aplicar a las bolsas de nicotina una carga fiscal similar a la de los cigarrillos. La medida forma parte de una disposición presupuestaria que busca equiparar el tratamiento tributario de distintos productos con nicotina.

Investigaciones sobre impuestos al vapeo en Estados Unidos han observado que aumentos de precio pueden influir en las decisiones de consumo, incluidas posibles transiciones entre productos.

En Corea del Sur, una modificación a la Ley de Negocios del Tabaco incorporará la nicotina sintética al marco regulatorio vigente para productos tradicionales. A partir de abril, estos artículos deberán incluir advertencias sanitarias estandarizadas y no podrán venderse en máquinas expendedoras sin verificación de edad.

Las autoridades surcoreanas justificaron la reforma por vacíos en la aplicación de controles, entre ellos la ausencia de sistemas eficaces para impedir el acceso de menores.

Consumo juvenil y regulación

Uno de los argumentos centrales que ha endurecido la normativa ha sido el aumento del uso entre adolescentes. En Estados Unidos, las encuestas nacionales indican que el vapeo juvenil ha disminuido desde 2019 y que el consumo de bolsas de nicotina entre estudiantes de secundaria se mantiene en niveles reducidos.

Especialistas en políticas públicas plantean que mecanismos como licencias comerciales, controles estrictos de edad, límites a la publicidad y sanciones administrativas pueden aplicarse para restringir el acceso de menores sin prohibiciones generales.

El debate actual no gira en torno a si los productos con nicotina deben regularse, sino a cómo hacerlo y bajo qué criterios de riesgo comparado. Mientras algunos gobiernos optan por equiparar alternativas sin combustión al cigarrillo convencional, investigadores y profesionales de salud pública analizan modelos que distingan entre distintos niveles de exposición y daño potencial.