El Senado de México avaló una serie de reformas legales que establecen penas de hasta ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar los 10.697 euros (226.000 pesos) por la producción, distribución o venta de vapes y cigarrillos electrónicos. La iniciativa forma parte de cambios a la Ley General de Salud y refuerza el marco legal contra estos productos.

Las modificaciones fueron aprobadas por legisladores afines al gobierno después de haber sido votadas previamente en la Cámara de Diputados. El paquete legislativo quedó pendiente únicamente de la promulgación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su respaldo a la reforma.

La mandataria señaló que existe una percepción social que presenta a los vaporizadores como una alternativa al consumo de tabaco, aunque indicó que algunos de estos dispositivos pueden generar daños comparables o mayores. En ese contexto, reiteró que el uso de cigarrillos y de vapes no es recomendado desde la perspectiva de salud pública.

México ha aplicado restricciones al consumo de tabaco desde hace aproximadamente veinte años, cuando se prohibió fumar en la mayoría de los espacios públicos. En una etapa más reciente, las autoridades han enfocado sus acciones en limitar la circulación de vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Medidas similares se han adoptado en otros países de la región, como Argentina y Brasil.

CONTROL INSTITUCIONAL

La legislación no prohíbe de manera explícita el uso personal de estos dispositivos. Sin embargo, el gobierno federal informó que trabaja en coordinación con autoridades estatales para contener la operación de mercados ilegales, ante posibles vínculos con redes delictivas. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha en la que las nuevas disposiciones entrarían en vigor.

Desde la oposición, el senador Luis Donaldo Colosio cuestionó el enfoque de las reformas durante el debate legislativo, al considerar que sustituyen la regulación y supervisión del sector por un esquema de prohibición general. Sostuvo que esta estrategia evita el desarrollo de mecanismos de control institucional.

Pese a las reformas aprobadas, los vaporizadores y cigarrillos electrónicos continúan disponibles en comercios de la Ciudad de México. Las autoridades no han detallado cómo se implementarán las acciones para controlar la venta directa en la vía pública.

Una residente de la capital, identificada como Valentina, señaló en una entrevista televisiva que estos productos siguen siendo accesibles y de bajo costo, lo que facilita su compra cotidiana.