Muchos son los titulares que se desprenden de la conversación que hemos mantenido con Gonzalo Salafranca, director de Asuntos Institucionales y Regulatorios de Philip Morris Spain. No en vano, el sector del tabaco y de los productos de nuevo desarrollo se encuentra en un momento clave para su futuro, con nuevas normativas que se ciernen sobre él, pero para las que no ha sido tomado en consideración por los legisladores a la hora de su planteamiento y puesta en marcha. Así es como lo expone Gonzalo Salafranca:
Hace prácticamente un año, Mónica García era nombrada ministra de Sanidad y desde el principio dejó bien clara su intención de acometer diversas reformas normativas en el ámbito del sector del tabaco y productos relacionados, como los vapeadores y el tabaco calentado. Ya en este 2024, el Ministerio ha perfilado el Plan Integral contra el Tabaquismo y ha realizado dos consultas públicas, anunciando el 7 de octubre la llegada de un borrador para la modificación del Real Decreto 579/2017, de fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y sus derivados, que endurece la actual legislación y plantea profundas restricciones que no han sido precisamente bienvenidas por parte del sector.
El ámbito regulatorio en el que se desarrolla el sector del tabaco y productos relacionados va a ser modificado en breve. ¿Considera que es oportuna esta modificación normativa, que llega en el momento adecuado?
En PMI creemos que, de forma general, la regulación juega un papel clave para proteger al no fumador y, en particular, al menor. Por otro lado, la regulación debe servir también para que el fumador acceda a información veraz sobre el perfil de riesgo de los nuevos productos. No hay duda de que, desde el punto de vista de la salud, la opción ideal es no fumar ni consumir ningún producto de tabaco ni de nicotina, pero la realidad es que en España existen todavía casi 9 millones de fumadores. A la hora de regular o de profundizar en la regulación existente de las nuevas categorías de productos libres de humo con el fin de evitar que sean usados por el público no intencionado, consideramos que la regulación debe pensar también en el fumador adulto y tener en cuenta la evidencia científica que avala a las alternativas sin humo.
Estos productos no son inocuos, pero subrayo que a la hora de regularlos se debe tener en cuenta el perfil de riesgo de cada producto, ya que penalizar a las nuevas alternativas que han demostrado ser menos dañinas sólo favorece al cigarrillo, la forma más dañina de todas de consumir nicotina. Creemos que todo fumador adulto debe tener acceso a información veraz y contrastada sobre estos nuevos productos para que pueda tomar decisiones fundamentadas.
Desde el sector se ha defendido la necesidad de adoptar una legislación inteligente y basada en la evidencia científica por parte de las autoridades públicas. ¿Puede explicarnos algo más sobre estos conceptos?
Efectivamente, desde el sector pedimos que las medidas adoptadas estén basadas en evidencia científica. Existe un consenso generalizado entre la comunidad científica en que lo más perjudicial es el humo resultante de la combustión del cigarrillo y no la nicotina. La nicotina es adictiva y no está exenta de riesgo, pero no es la causa de las graves enfermedades derivadas del tabaquismo y existen ejemplos de cómo otros países han conseguido reducir sus tasas de fumadores y de enfermedades relacionadas, apostando por las alternativas como complemento a las políticas tradicionales de prevención y cesación.
Siendo el humo generado al quemar el tabaco la principal causa de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar, si se elimina la combustión, reduciremos la exposición de los fumadores a sustancias químicas nocivas. Por este motivo creemos que es necesaria una regulación que tenga en cuenta el perfil de riesgo de cada producto y que refleje la evidencia científica que sustenta el papel de las alternativas sin humo para reducir dicho riesgo.
Es importante destacar que estos productos no son para dejar de fumar, sino mejores alternativas para fumadores adultos que de otra manera continuarían fumando.
Respecto a la evidencia científica, parece que el legislador no escucha otra evidencia que no provenga de sus fuentes cercanas. ¿Dónde quedan las evidencias aportadas por organismos independientes e, incluso, las de la propia industria del sector?
Creo que siempre es útil mirar más allá de nuestras fronteras y ver cómo están actuando los países con mejores resultados en políticas de control del tabaco. En el caso de Inglaterra, una de las principales líneas de actuación para reducir drásticamente las tasas de consumo de cigarrillos fue apoyarse en el uso de los cigarrillos electrónicos como herramienta de reducción del daño para aquellos que no van a dejar de fumar. Además, estudios recientes llevados a cabo por el organismo de salud pública de Inglaterra recogen que, a corto y medio plazo, el vapeo supone una pequeña fracción del riesgo de fumar.
En el caso de Suecia, este país es ejemplo de que la nicotina no es el principal problema y además puede ser parte de la solución. La tasa de fumadores en Suecia es del 5,6%, frente al 33,1% de España, de acuerdo con la última encuesta EDADES. En el país nórdico ya se están viendo los efectos positivos a largo plazo de abandonar la combustión sustituyendo los cigarrillos por otros productos de uso oral como las bolsitas de nicotina. Para poner un ejemplo, en comparación con España, Suecia registra casi un tercio menos de casos de cáncer de pulmón por la utilización de tabaco y nicotina de uso oral.
Tres son las medidas que quiere adoptar el Ministerio de Sanidad de las que más se ha hablado en los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir sobre la prohibición de los vapeadores desechables, adoptada ya en algunos países de nuestro entorno? ¿Y sobre la prohibición de sabores?
Las prohibiciones han demostrado que, en la mayoría de las veces, lo único que provocan es la proliferación de un mercado ilegal. Por ello, me parece mucho más útil que se controle de manera más efectiva que la regulación actual se cumpla y se establezcan estándares y medidas que prevengan el acceso por parte de los menores, sin olvidar que el fumador adulto debe poder acceder a alternativas de menor riesgo.
En relación con los sabores, no debería estar permitido comercializar cigarrillos electrónicos con sabores o empaquetados especialmente atractivos para los menores y debería haber mayor control en los canales de venta para impedir el acceso de los menores a estos productos.
Sanidad habla de los vapeadores como puerta de entrada al tabaco tradicional, especialmente entre los jóvenes e, incluso, los menores de edad. ¿Qué argumentos defienden para afirmarlo y qué postura tiene PMI en este sentido para contradecirlo?
Los no fumadores y los menores no deberían tocar jamás un producto de nicotina. Compartimos esta máxima, pero tal y como se refleja en datos del Eurobarómetro de 2024, el consumo de productos libres de humo como los vapers o el tabaco calentado es minoritario en nuestro país. En cuanto a la iniciación, el 86% de los fumadores españoles reconoce haber empezado a fumar con cigarrillos. Por el contrario, el informe de la Comisión Europea recoge que un 2% de los españoles afirma haber comenzado con vapers y sólo un 1% con tabaco calentado.
Precisamente, desde PMS se ha lanzado una marca de vapeo– VEEV– con un modelo desechable y muchas empresas siguen esa senda también. ¿Cuál es la defensa que se puede hacer de este tipo de dispositivos?
Dentro de nuestro objetivo de conseguir un futuro libre de humo, en Philip Morris apostamos por un enfoque multicategoría. Ampliamos nuestra cartera de productos libres de humo con una prioridad: proporcionar una amplia variedad de dispositivos con base científica que aliente a los fumadores adultos a cambiar a alternativas menos dañinas que seguir fumando.
En este sentido, este año dimos un paso más en España y nos adentramos en la categoría de cigarrillo electrónico con VEEV. Con nuestro lanzamiento reforzamos aún más nuestro firme compromiso de comercialización responsable, protegiendo a los menores del acceso a estos productos. Evitamos sabores que puedan generar un interés específico en los menores y optamos por una línea de diseño clásico, pensado para el público adulto.
Además, dado que la protección del menor es uno de los pilares fundamentales de nuestra política de comercialización, desde la compañía evitamos el acceso de los menores a estos productos restringiendo su venta a aquellos puntos que permiten un control exhaustivo del acceso a menores, como los estancos y nuestros canales propios de venta.
Empaquetado genérico, una medida que ha estado planeando sobre el sector desde hace ya muchos años y que parece que puede llegar a hacerse realidad. Como empresa, ¿qué defensa cabe ante una medida así que va en contra de tantas otras normas y derechos (marca, propiedad industrial, etc.)? ¿Cómo puede afectar tanto a los fabricantes como a los estancos y los consumidores, así como al incremento del mercado ilícito?
El empaquetado genérico es una medida desproporcionada e ineficaz, como se ha demostrado en los países donde se ha implantado, no contribuye a los objetivos de salud pública y conlleva graves consecuencias negativas, particularmente sirviendo como impulso al comercio ilegal. En Francia, en los primeros meses de la implantación de esta medida, la tasa de fumadores jóvenes pasó de un 23,6% a principios de 2015 a un 24,4% a finales de 2017. Además, si analizamos los datos del Eurobarómetro publicado tres años después de la puesta en marcha del empaquetado genérico (2020), la prevalencia del tabaquismo había aumentado en 1,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Además, pensamos que esta medida es contraria a los derechos de propiedad industrial, a la libre competencia y fomenta el comercio ilícito. Hace pocos meses la UCO desmanteló varias fábricas ilegales en nuestro país donde se incautó embalaje falsificado de marcas de cigarrillos con empaquetado genérico destinadas al mercado francés, donde más de un tercio del tabaco que se consume es ilegal.
Una combinación que pondría en peligro tanto a los consumidores como a las empresas legítimas, a los estancos y la sociedad, pues el comercio ilegal no pasa controles de calidad, provoca destrucción de empleo, vulnera los derechos protegidos por la Ley de Marca y deriva en una pérdida de ventas y de inversión, así como pérdida de los ingresos fiscales.
Sanidad ha puesto en marcha dos consultas públicas este año para modificar la normativa existente en la que podían participar los ciudadanos. ¿Tienen constancia del volumen de participación, en particular de personas o instituciones relacionadas con la cadena de valor del tabaco? ¿Consideran que Sanidad ha hecho oídos sordos a las opiniones defendidas desde el sector que hayan podido llegar en el contexto de esas consultas públicas?
Existe una gran preocupación de los diferentes colectivos por el impacto social y económico de determinadas medidas incluidas en el Plan Integral del Tabaquismo y nos preocupa la falta de diálogo y de análisis del impacto por parte del Ministerio de Sanidad con la cadena de valor del tabaco. Como cualquier sector de actividad, apostamos por el diálogo entre regulador y regulado, de forma transparente y donde la evidencia científica esté en el centro de cualquier debate. Las normas y leyes siempre mejorarán escuchando a todas las partes.
y luego