La Coalición de Defensores de la Reducción de Daños del Tabaco en Asia Pacífico (CAPHRA) denunció que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Convención Marco para el Control del Tabaco (FCTC), ha establecido obstáculos que limitan el acceso de la sociedad civil a la Conferencia de las Partes (COP11), prevista para noviembre en Ginebra.

La coordinadora ejecutiva de CAPHRA, Nancy Loucas, señaló que el sistema de registro impuesto por la FCTC dificulta la participación de actores externos, al exigir requisitos como datos completos de pasaporte, fotografía, carta de intención y currículum vitae. Según la organización, este procedimiento excluye a defensores de consumidores cuya labor no está vinculada a trayectorias profesionales formales.

Desde su creación, la FCTC ha mantenido un número reducido de observadores autorizados: solo 26 organizaciones no gubernamentales, en contraste con otras conferencias internacionales, como las de cambio climático, que han admitido a más de 3.000 entidades. Ningún grupo de representación de consumidores ha recibido estatus de observador, a pesar de su experiencia en el uso de productos alternativos a los cigarrillos tradicionales.

LA VOZ DE LOS USUARIOS

CAPHRA sostiene que la aplicación del artículo 5.3 del tratado, diseñado para evitar la injerencia de la industria tabacalera, se ha utilizado para excluir de manera sistemática a defensores e investigadores en reducción de daños. Asimismo, cuestiona la falta de transparencia en los procedimientos de la FCTC, que no se transmiten públicamente y limitan el acceso a los medios y a los observadores externos, salvo en la apertura de las conferencias.

Ante esta situación, CAPHRA solicitó a la OMS reconocer formalmente a los grupos de defensa de consumidores como observadores y permitir su participación en el debate sobre políticas de control del tabaco. La coalición argumenta que la inclusión de estos sectores es necesaria para garantizar un proceso más representativo.

El plazo de registro para la COP11 fue anunciado con solo diez días antes de la fecha límite, lo que, de acuerdo con CAPHRA, refuerza las dificultades para el acceso público. La organización insistió en que los avances en reducción de daños requieren mecanismos de participación que contemplen la voz de los usuarios de productos alternativos a la nicotina.