El gobierno británico ha anunciado que analiza la posibilidad de extender la prohibición de fumar en lugares públicos al uso de cigarrillos electrónicos. La propuesta surgió tras una consulta parlamentaria en la que el ministro de Salud Pública, Ashley Dalton, señaló que los dispositivos de vapeo generan aerosoles que pueden exponer a terceros a nicotina y otras sustancias. Según explicó, el objetivo es equiparar las restricciones existentes contra el tabaco combustible con el uso de estos productos.

Sin embargo, diversos informes oficiales publicados en la última década presentan conclusiones distintas. En 2015, la entonces agencia Public Health England afirmó que la emisión de nicotina en espacios cerrados por parte de los vapeadores era insignificante y no representaba riesgos para quienes no consumían. En 2018, una actualización de esa misma institución ratificó que no había evidencia suficiente de efectos nocivos para los transeúntes por la exposición al aerosol de los cigarrillos electrónicos.

Más recientemente, en 2022, la Oficina para la Mejora de la Salud y las Desigualdades presentó un análisis de más de mil páginas en el que se subrayaba que, en comparación con el tabaco, los vapeadores producen pocas o nulas emisiones laterales. El estudio concluyó que la exposición pasiva no mostraba niveles detectables de nicotina en no usuarios ni impactos medibles en parámetros como presión arterial, frecuencia cardiaca o función respiratoria.

EL RIESGO DE EQUIPARAR PRODUCTOS

Organizaciones médicas y académicas han advertido previamente sobre el riesgo de equiparar ambos productos. El Real Colegio de Médicos, en un informe de 2016, planteó que endurecer las restricciones sobre el vapeo podía desalentar la transición de fumadores al uso de dispositivos electrónicos, lo que a su vez dificultaría la reducción de daños asociados al consumo de tabaco.

La propuesta del Ejecutivo se produce en paralelo a la estrategia “swap to stop” (“cambiar para dejar”), mediante la cual el propio gobierno distribuye vapeadores gratuitos a fumadores como parte de sus políticas de cesación tabáquica.

El debate parlamentario sobre la iniciativa continúa abierto, mientras distintas investigaciones siguen evaluando los posibles efectos del vapeo en espacios compartidos.