El Ministerio de Sanidad está a punto de desvelar un innovador enfoque en su lucha contra el tabaquismo, sometido a aprobación el pasado 14 de marzo. Sin embargo, este plan se enfrenta a una significativa resistencia proveniente de varios ámbitos dentro de la economía española. Desde los agricultores de hoja de tabaco hasta los comerciantes de estancos, las compañías tabacaleras, los empresarios del sector del vapeo y hasta los propietarios de establecimientos hosteleros, diversos sectores expresan su oposición a las medidas propuestas.

Como ya hemos comunicado anteriormente, el Departamento de Salud llevará ante la Comisión de Salud Pública el «Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027», un documento que fue elaborado en 2021 y que, sorprendentemente, vuelve a estar en el centro de la atención política en el Congreso en un momento de gran controversia. Este plan, entre otras medidas, plantea la prohibición de fumar y vapear en ciertos espacios al aire libre de índole comunitaria y social, como las terrazas de locales de hostelería y entretenimiento, además de proponer un aumento en el precio del tabaco.

Las empresas afectadas, que representan a una considerable cantidad de trabajadores, han expresado su descontento porque no se las consultó en la elaboración de un plan cuyas medidas impactarán en todos los niveles de la cadena.

1.500 EXPLOTACIONES EXISTENTES EN ESPAÑA

La Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab), que incluye a agricultores de hoja de tabaco y empresas de primera transformación, junto con la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España y la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), han manifestado su oposición de manera unánime.

El presidente de Oitab, Felipe Castañar, ha señalado en un comunicado que antes de implementar un nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT), el Gobierno debería considerar los «impactos negativos irreversibles» que tendría en su sector. Según Castañar, este sector aporta más de 3.300 millones de euros al PIB español y sustenta más de 53.000 puestos de trabajo.

Dentro de este contexto, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una organización agraria, ha destacado la importancia de escuchar y proteger a los cultivadores de tabaco que dependen de las aproximadamente 1.500 explotaciones existentes en España. Estas explotaciones abarcan unas 10.000 hectáreas de terreno, según los datos proporcionados por la UPA, con el 95 por ciento de ellas ubicadas en Extremadura.

IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO EN LA HOSTELERÍA

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, una asociación que representa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs en todo el país, expresó su perplejidad ante esta medida en una entrevista con Efe. Argumentó que no veía la necesidad de tal prohibición, ya que, según él, no existe un problema actual relacionado con fumar en terrazas, espacios al aire libre y bien ventilados. Sus palabras fueron directas: «Los que toman decisiones son extremistas que se oponen a todo, y quieren dictar cómo debemos vivir y morir. Con todo respeto, déjenme vivir a mi manera mientras no afecte a los demás». 

Además de señalar el posible impacto económico negativo en la hostelería, Yzuel destacó la importancia de la libertad y el estilo de vida de las personas, aspectos que según él son fundamentales y que son parte de la oposición social a esta medida, ya que considera que desequilibra la balanza entre la salud y la libertad de los aproximadamente nueve millones de fumadores en España. En lo que respecta al aumento del precio de las cajetillas de tabaco, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha manifestado su rechazo tanto a la introducción de cajetillas genéricas como a los incrementos de precio «desproporcionados» como medidas para combatir el tabaquismo. 

Señalan, por ejemplo, que subidas bruscas en el precio han tenido consecuencias negativas, como un significativo aumento del contrabando, que alcanzó hasta el 50 por ciento en regiones como Andalucía y Extremadura. Además, el Ministerio de Sanidad tiene previsto proponer una nueva forma de impuesto que establecerá un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina.