Las medidas regulatorias aplicadas al tabaco y a los productos de nicotina en distintos países están generando efectos no previstos sobre los mercados ilegales y la salud pública. La combinación de impuestos elevados, prohibiciones y restricciones ha favorecido la expansión de circuitos de venta no regulados, según datos recientes procedentes de Australia y Bélgica.

En Australia, el mercado de cigarrillos atraviesa una transformación significativa. Estimaciones del Comisionado Federal de Tabaco Ilícito y Cigarrillos Electrónicos indican que entre el 55 y el 60% de los cigarrillos vendidos durante el último año fiscal no cumplieron con la normativa vigente. Esto supone que una parte mayoritaria del consumo se realiza fuera de los canales legales y sin controles sanitarios.

La expansión del mercado ilegal ha tenido consecuencias fiscales. El gobierno australiano deja de percibir hasta 11.800 millones de dólares australianos anuales en impuestos especiales. Estos ingresos estaban destinados, en parte, a financiar servicios de salud y programas de abandono del tabaco. Al mismo tiempo, los productos ilegales no están sujetos a estándares de fabricación ni a controles sobre su composición.

REFUERZO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

El desarrollo de esta situación se produjo de forma gradual. Durante la última década, los incrementos sucesivos de los impuestos especiales redujeron el consumo legal y elevaron la recaudación, que alcanzó su punto máximo en 2019. Sin embargo, el aumento sostenido de los precios terminó situando a los cigarrillos legales fuera del alcance de una parte de los consumidores. El impuesto por paquete pasó de unos 8 dólares australianos en 2010 a cerca de 30 dólares en 2025, con precios finales superiores a los 40 dólares por unidad. En paralelo, los cigarrillos del mercado ilegal se comercializan por menos de 15 dólares, lo que ha favorecido su adopción generalizada.

Economistas del Instituto e61 señalan que la situación actual presenta dificultades para revertirse. Aunque el nivel impositivo contribuyó a la aparición del mercado ilegal, una reducción de los impuestos no garantiza la recuperación de las ventas legales, debido a la consolidación de las redes ilícitas y al cambio en los hábitos de consumo. Las autoridades australianas han descartado recortes fiscales y han optado por reforzar la aplicación de la ley, con una inversión de 300 millones de dólares australianos en dos años y la incautación de más de 2.200 toneladas de tabaco ilegal durante el periodo 2024-2025.

En Europa, el caso de Bélgica muestra otra dimensión del problema. Las autoridades han detectado un aumento en la contaminación de productos de vapeo ilegales. La comisionada de drogas del país, Ine Van Wymersch, informó que más del 80% de las cápsulas recargables incautadas contenían opioides sintéticos. Estas sustancias no pueden identificarse mediante el sabor o el olor, lo que incrementa el riesgo para los usuarios, incluidos menores de edad.

ALTERNATIVAS NO CONTROLADAS

Según las autoridades belgas, el uso de dispositivos ilegales puede derivar en dependencia involuntaria de opioides, con posibles efectos sobre el desarrollo neurológico y la salud a largo plazo. Bélgica y los Países Bajos concentran una parte relevante de la producción europea de drogas sintéticas, a partir de precursores químicos importados legalmente y desviados posteriormente hacia redes ilícitas.

Las investigaciones señalan que la desaparición de productos regulados ha sido acompañada por la proliferación de alternativas no controladas. En este contexto, las organizaciones criminales asumen la distribución, sin incentivos para garantizar la seguridad de los consumidores. Las autoridades belgas también han advertido sobre el uso de sabores en productos ilegales como vía de acceso a públicos jóvenes, lo que ha impulsado propuestas de prohibiciones más amplias en el país.

El debate regulatorio se intensifica mientras se observan impactos sociales adicionales. Las fuerzas de seguridad han identificado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes vulnerables por parte de redes criminales, así como casos de corrupción que afectan a distintos sectores. Estos fenómenos han generado preocupación por la capacidad del Estado para mantener el control sobre los mercados regulados.

En contraste, otros países que han optado por regular alternativas al cigarrillo tradicional, como el vapeo, el snus o las bolsas de nicotina, registran menores niveles de comercio ilícito y una reducción más rápida del tabaquismo. La disponibilidad de productos regulados y accesibles se asocia a un desplazamiento del consumo hacia opciones controladas.

Los casos de Australia y Bélgica evidencian los efectos de las políticas centradas en la restricción. La experiencia muestra que la eliminación de la oferta legal no reduce necesariamente la demanda, sino que traslada el consumo a mercados sin supervisión, con implicaciones fiscales, sanitarias y de seguridad pública.