Mientras el consumo de cigarrillos continúa siendo una de las principales causas de enfermedad, las políticas en torno a los productos de reducción de daños por tabaco (THR) generan un debate a nivel internacional.

Cada año, fumar provoca más de 480.000 muertes en Estados Unidos. El cigarrillo tradicional contiene más de 6.000 ingredientes que, al quemarse, liberan más de 7.000 sustancias químicas, varias de ellas asociadas a enfermedades graves como cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios, además de otros padecimientos crónicos, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Ante este panorama, millones de fumadores han recurrido a productos alternativos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. Estos sistemas buscan suministrar nicotina sin la combustión que caracteriza al cigarrillo convencional. Entre 1965 y 2022, la tasa de fumadores adultos en Estados Unidos descendió del 42% al 11,6%. Entre 2007 y 2015, más de tres millones de adultos utilizaron productos de reducción de daños para abandonar el tabaco combustible.

No obstante, la regulación de estos productos ha enfrentado obstáculos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2025 celebró el vigésimo aniversario de su Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), ha priorizado restricciones y prohibiciones frente a la promoción de alternativas menos dañinas. Diversas organizaciones señalan que esta postura limita las opciones de los consumidores y fomenta el crecimiento de mercados ilegales.

SEGURIDAD, INNOVACIÓN Y ACCESO PARA LOS CONSUMIDORES

En paralelo, iniciativas privadas buscan ofrecer una perspectiva diferente. La Alianza de Protección de los Contribuyentes (TPA) organiza anualmente la conferencia Good COP/Bad COP, que reúne a expertos, académicos y consumidores de productos THR. El encuentro busca dar espacio a voces que, según los organizadores, han sido excluidas de los debates oficiales de la OMS. Este año, la conferencia tendrá lugar en Suiza.

En Estados Unidos, el marco regulatorio también es motivo de discusión. El proceso de autorización de productos de tabaco previo a su comercialización (PMTA), a cargo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ha sido criticado por su complejidad, costo y lentitud. Según TPA, los retrasos y cambios regulatorios desincentivan la innovación y limitan el acceso de los consumidores a alternativas de menor riesgo. La organización plantea que, si la FDA no emite una decisión en el plazo de 180 días previsto por ley, los productos deberían aprobarse automáticamente para su venta.

Los datos recientes reflejan un cambio generacional en los patrones de consumo. Entre 2011 y 2022, la tasa de tabaquismo en adultos jóvenes de 18 a 24 años cayó del 21,7% al 4,9%. En estudiantes de secundaria, el consumo de tabaco se encuentra en mínimos históricos, con 2,25 millones de usuarios en 2024 frente a 2,80 millones en 2023, según la Encuesta Nacional de Tabaco Juvenil.

El debate sobre la reducción de daños por tabaco se mantiene abierto. Los organismos internacionales insisten en endurecer las restricciones, y las organizaciones y expertos reclaman un enfoque regulatorio que combine seguridad, innovación y acceso para los consumidores.