Durante más de una década, el Reino Unido adoptó un enfoque basado en la reducción de daños para enfrentar el tabaquismo. La política pública partió de una premisa respaldada por evidencia científica: la nicotina genera dependencia, pero los principales daños del tabaco provienen de la combustión. A partir de esa distinción, se promovió el paso del cigarrillo tradicional a alternativas sin combustión, como los dispositivos de vapeo.

Los indicadores reflejaron cambios sostenidos. Las tasas de tabaquismo descendieron, millones de personas optaron por productos alternativos y el país avanzó hacia el objetivo gubernamental de alcanzar una generación libre de humo en 2030. Según datos de Action on Smoking and Health (ASH), el 53% de los fumadores que intentaron dejar el tabaco utilizó cigarrillos electrónicos como herramienta principal, una proporción superior a la registrada para chicles o parches de nicotina. Más de la mitad de los usuarios actuales de vapeadores afirma haber abandonado completamente el cigarrillo convencional.

Sin embargo, el marco regulatorio comenzó a endurecerse. Desde el 1 de junio de 2025 quedó prohibida la venta de dispositivos desechables. Además, se analizan nuevas medidas, entre ellas restricciones a determinados sabores, ampliación de las prohibiciones de uso en espacios cerrados y limitaciones en áreas al aire libre y vehículos con menores.

LA OFERTA LEGAL SE REDUCE, LA DEMANDA PERSISTE

Mientras la oferta legal se reduce, la demanda persiste. Un informe elaborado a partir de solicitudes de acceso a la información indica que en el último año se incautaron 1,26 millones de dispositivos ilegales, lo que equivale a más de dos por minuto. En los últimos tres años, las autoridades retiraron del mercado 4,9 millones de productos ilícitos, con un valor estimado de 39 millones de libras. Las mayores incautaciones se concentraron en Central Bedfordshire, Kent y Hillingdon, aunque más de la mitad de las áreas municipales registraron decomisos relevantes.

Los recursos de fiscalización muestran límites. Las inspecciones realizadas por los servicios de estándares comerciales descendieron un 5% el último año, con un total nacional de 8.881 controles. En paralelo, también aumentaron las incautaciones de cigarrillos ilegales, que alcanzaron 7,2 millones de unidades.

Las cifras fiscales aportan otro elemento. Datos de HM Revenue and Customs analizados por el Institute of Economic Affairs muestran que las ventas legales de cigarrillos pasaron de 40.600 millones de unidades en 2021 a 19.800 millones en 2025, una caída del 52%. En el mismo período, los impuestos especiales aumentaron 73% para cigarrillos y 115% para tabaco de liar. A pesar de ello, la recaudación por impuestos al tabaco descendió en términos reales de 10.400 millones a 7.900 millones de libras. La reducción de ventas legales no se corresponde con una disminución equivalente en la prevalencia del tabaquismo.

EL MERCADO ILGEAL

El debate también alcanza a los sabores. Una encuesta de la consultora Opinium realizada en diciembre de 2025 a 6.000 adultos reveló que el 63% de los usuarios habituales de cigarrillos electrónicos utiliza principalmente sabores frutales o dulces. El 71% indicó que la disponibilidad de distintas opciones contribuye a evitar recaídas. Estimaciones de ASH señalan que alrededor del 14% de los vapeadores adultos podría volver al cigarrillo si las opciones se limitaran a tabaco, menta y mentol.

Tras la prohibición de dispositivos desechables, el 90% de los usuarios diarios migró hacia equipos reutilizables. No obstante, el 9% reconoce adquirir productos desechables en el mercado ilegal y el 27% de los adultos afirma que puede acceder con facilidad a estos dispositivos en su entorno.

A la par, encuestas recientes muestran cambios en la percepción pública. Cerca de la mitad de los adultos considera que vapear es igual o más perjudicial que fumar. Esta percepción contrasta con revisiones reiteradas de organismos de salud pública que establecen diferencias de riesgo entre productos combustibles y alternativas sin combustión.

CÓMO EQUILIBRAR LA PROTECCIÓN DE MENORES

El Department of Health and Social Care evaluó la posibilidad de extender las normas libres de humo al vapeo. En su análisis reconoce que la evidencia sobre daños por exposición pasiva al vapor es limitada y que los beneficios sanitarios proyectados no pueden cuantificarse con precisión. También señala que las restricciones podrían influir en los intentos de abandono del tabaco a nivel poblacional.

El costo estimado para las empresas por cumplir con nuevas regulaciones supera los 500 millones de libras. En contraste, los beneficios sanitarios asociados a la reducción de la exposición al vapor no fueron monetizados debido a la falta de evidencia concluyente.

El Reino Unido cuenta con más de seis millones de fumadores y alrededor de 75.000 muertes anuales vinculadas al tabaquismo. El objetivo oficial de 2030 se mantiene vigente. En ese contexto, el debate se centra en cómo equilibrar la protección de menores, la aplicación efectiva de la ley y el comportamiento del consumidor, sin alterar la dinámica que permitió reducir el consumo de cigarrillos en los últimos años.