Prohibir los sabores distintos del tabaco en los cigarrillos electrónicos y en el vapeo, como pretende el Ministerio de Sanidad, provocaría una reducción del 83% (263 millones de euros) en el valor añadido bruto anual generado por este sector en España y la pérdida de 3.800 empleos a tiempo completo.

Esta es la principal conclusión del informe Evaluación del impacto económico de la prohibición de aditivos aromáticos en el sector de vapeo desde la perspectiva de la buena regulación, donde Analistas Financieros Internacionales (Afi) examina las consecuencias que tendría la medida planteada por el Ministerio de Sanidad en el borrador del Real Decreto que actualiza la normativa sobre productos de tabaco y relacionados.

Aunque el vapeo continúa siendo un fenómeno “minoritario”, en comparación con otros países europeos, ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años, posicionándose como un sustituto frente al tabaco tradicional, con una relevancia significativa en el uso de aditivos aromáticos. De hecho, el 45% de la población que ha utilizado en alguna ocasión productos de vapeo lo ha hecho para reducir su consumo de tabaco tradicional o para dejar de fumar por completo, según Diego Vizcaíno, socio director de Afi, durante el acto de presentación del estudio en la sede de la CEOE.

UNA MEDIDA INEFICAZ

En su informe, Afi analiza si la prohibición de los sabores planteada por el Ministerio de Sanidad se ajusta a los principios de eficacia y proporcionalidad que debería cumplir cualquier propuesta de cambio regulatorio. Para ello, se basa en datos de consumo, tendencias de uso, el análisis de la cadena de valor del sector del vapeo en España, la evidencia científica y la experiencia internacional.

La primera conclusión es que prohibir los aditivos aromáticos en los cigarrillos electrónicos sería una medida ineficaz, pues una parte importante del consumo de vapeo se trasladaría al tabaco tradicional —en contra del objetivo del Real Decreto de reducir el tabaquismo— y crecería la economía sumergida.

En España, el 87% de los usuarios de cigarrillos electrónicos consumen líquidos saborizados como fruta, dulce o mentolado, mezclados o no con sabor a tabaco, y solo el 13% eligen exclusivamente líquidos con sabor a tabaco, según una encuesta de Sigma Dos de 2022. Asimismo, la evidencia científica muestra una relación positiva entre el uso de sabores de fruta y otros sabores dulces en los líquidos de vapeo y su eficacia como herramienta de abandono del tabaquismo.

Según Afi, en España, el cigarrillo electrónico es un sustituto claro del tabaco, por lo que, si se prohibieran los aditivos aromáticos, lo previsible es que aumentase la prevalencia del tabaco. En particular, los estudios académicos más recientes apuntan a un incremento de entre 0,5 y 0,9 puntos en la prevalencia de los cigarrillos tradicionales por cada punto que disminuye la prevalencia del vapeo.

Por otro lado, el 54% de los consumidores de productos de vapeo —según el sondeo de Sigma Dos — continuarían haciendo uso de los sabores aunque estos no estuvieran disponibles legalmente, con el efecto que esto tendría sobre la economía sumergida.

FUERTE IMPACTO ECONÓMICO

Al realizar el análisis de la proporcionalidad de la medida, Afi advierte de que eliminar los aditivos aromáticos en los cigarrillos electrónicos tendría un impacto económico desproporcionado sobre la cadena de valor.

Frente a los 317 millones de euros que generó el sector del vapeo en 2023 —teniendo en cuenta el efecto directo, el indirecto y el inducido—, el valor añadido bruto se reduciría en más de un 83% (263 millones de euros), hasta los 54 millones de euros, si se prohibieran los sabores.

Paralelamente, el número de personas empleadas a tiempo completo se reduciría desde las 4.630 actuales hasta un total de 810, perdiéndose, por tanto, 3.800 empleos equivalentes a jornada completa.

La medida no solo afectaría al sector del vapeo. Por cada euro menos de valor añadido y cada despido en el sector, se estima que se perderían 1,5 euros y 2,8 empleos adicionales en el resto de la economía. Al mismo tiempo, habría una caída en la recaudación fiscal, ya que la contribución del sector al erario público pasaría de los 77 millones de euros de 2023 a solo 10 millones. Si se tuviera en cuenta el impacto dinámico de la prohibición hasta 2030, la caída de valor añadido superaría los 550 millones de euros y se destruirían más de 8.000 empleos.

MUCHA CANTIDAD Y MALA CALIDAD DE LAS NORMAS

Por último, el informe alerta de los posibles perjuicios sobre la innovación, al quedar sin efecto las inversiones realizadas y reducirse el atractivo del sector para nuevos inversores. Las más afectadas serían las pequeñas empresas, tanto de fabricación como de venta de productos de vapeo.

El director de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE, José Luis Ayllón, ha criticado las “malas prácticas” por parte del Gobierno y del Parlamento que acaban generando “una mala regulación o una mala praxis” en la misma.

Ayllón ha advertido de que “la mucha cantidad y la mala calidad de las normas” en España tienen unas consecuencias negativas en la economía española, y ha criticado que en ocasiones se promuevan “grandes cambios en el ordenamiento jurídico no demasiado pensados”, porque está en juego “la imagen de un país”, la atracción de inversiones, el crecimiento económico y la creación de empleo.

MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE LOS MENORES VAPEEN

Teniendo todo esto en cuenta, Analistas Financieros Internacionales aboga por una regulación menos drástica que la planteada por el Real Decreto y que contribuya a reducir los potenciales efectos negativos del vapeo mientras permite un control efectivo sobre el consumo y la calidad de los productos de vapeo.

Según ha señalado Vizcaíno, hay que considerar que los vapeadores son “utilizados mayoritariamente por fumadores o exfumadores para dejar de fumar o para reducir su consumo de tabaco”, y que los saborizantes tienen un “papel clave” en esto. En este sentido, prohibir los sabores “podría incrementar la prevalencia del consumo de tabaco”, también entre los jóvenes, hacer crecer el mercado negro y “destruir hasta el 82% de la aportación actual del sector a la economía española”.

Afi propone, en primer lugar, regular los puntos de venta de estos productos a través de un sistema de licencias otorgadas a estancos y tiendas especializadas que garantice un estricto control de no venta a menores. También ve conveniente reducir el atractivo de estos dispositivos para los menores de edad, prohibiendo ciertas referencias y determinados diseños, y llevar a cabo campañas de concienciación de los menores de edad para incrementar su percepción del riesgo asociado.

Por su parte, el presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Martínez, ha afirmado que las Administraciones Púiblicas deben entender que productos alternativos como los cigarrillos electrónicos “pueden ser menos dañinos que el tabaco convencional” y que es necesario “apostar por ellos”, comprendiendo además que “el vaper sin sabor no tiene sentido”.

Asimismo, Martínez ha subrayado que los estancos, como punto de distribución, pueden y deben controlar la venta de estos productos, asegurándose de que “nunca se vendan a un menor de edad” y que cumplen las garantías sanitarias, como hacen con el tabaco.