Los gobiernos de distintos países continúan buscando fórmulas para reducir las enfermedades y muertes asociadas al tabaquismo. Sin embargo, gran parte de las políticas vigentes sigue tratando de forma equivalente a todos los productos que contienen nicotina, sin diferenciar entre aquellos que implican combustión y los que no. Esta estrategia ha dado lugar a un entramado de impuestos elevados, prohibiciones parciales y marcos regulatorios inconsistentes que, en varios casos, no han logrado disminuir el consumo de cigarrillos.

Diversos estudios en salud pública coinciden en que el daño asociado al tabaquismo está vinculado principalmente a la inhalación del humo, no a la nicotina en sí. Aun así, en numerosos países se han adoptado medidas que restringen o encarecen alternativas de menor riesgo, mientras los cigarrillos continúan disponibles en el mercado legal.

En América del Norte, el estado de Nueva York ofrece un ejemplo reciente de esta tendencia. El presupuesto ejecutivo propuesto para el año fiscal 2027 contempla reclasificar las bolsas de nicotina como productos de tabaco, aplicándoles un impuesto especial del 75% al por mayor, equivalente al gravamen sobre los cigarrillos. La medida se fundamenta en el potencial adictivo de la nicotina, pese a que en enero de 2025 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la comercialización de estos productos tras concluir que podrían beneficiar a fumadores adultos que abandonen por completo el cigarrillo.

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

La evidencia científica disponible indica que los productos de nicotina sin combustión reducen de forma significativa la exposición a sustancias cancerígenas. Investigaciones publicadas en revistas especializadas señalan que la diferencia de precios entre los cigarrillos y estas alternativas influye de manera directa en la decisión de dejar de fumar. Cuando esa diferencia se reduce por efecto de impuestos elevados, el cambio resulta menos frecuente, especialmente entre personas con menores ingresos, donde el tabaquismo mantiene una mayor prevalencia.

En América Latina, México ha adoptado un enfoque distinto con resultados similares. Desde 2025, el país mantiene una prohibición total sobre los cigarrillos electrónicos y productos de vapeo. No obstante, estos dispositivos continúan circulando a través de canales informales, sin controles sanitarios ni verificación de edad, mientras la venta de cigarrillos tradicionales sigue permitida en todo el territorio nacional.

Europa presenta escenarios contrastantes. Suecia registra las tasas más bajas de tabaquismo del continente, en un contexto donde el uso de productos de nicotina oral sin combustión ha estado permitido bajo regulación durante décadas. Los datos poblacionales muestran una reducción sostenida del consumo de cigarrillos y una menor incidencia de cáncer de pulmón.

En sentido opuesto, Chipre optó por clasificar las bolsas de nicotina como productos farmacéuticos sin autorizar ninguno para su venta. Esta decisión derivó en una prohibición práctica, con la aparición de un mercado informal no regulado, mientras los indicadores de tabaquismo se mantienen elevados.

CRECE EL VAPEO Y EL USO DE TABACO CALENTADO

En Georgia, el debate regulatorio se ha intensificado a medida que crecen el vapeo y el uso de tabaco calentado. Las propuestas en discusión incluyen impuestos uniformes para todos los productos con nicotina, prohibiciones de sabores y restricciones adicionales a la comercialización. Experiencias previas en otras jurisdicciones sugieren que estas medidas pueden ralentizar la reducción del consumo de cigarrillos al limitar el acceso a sustitutos de menor riesgo.

La República de Srpska implementó una de las prohibiciones más amplias de Europa sobre el uso de productos de tabaco y nicotina en espacios cerrados, sin distinguir entre productos combustibles y no combustibles. Esta normativa abarca cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina, lo que ha generado debates sobre su impacto en la transición de los fumadores hacia alternativas menos dañinas.

En Asia, varios países mantienen políticas de aplicación estricta. Singapur impone sanciones severas por el uso de dispositivos de vapeo, incluyendo penas de prisión y programas obligatorios de rehabilitación. A pesar de ello, las autoridades reconocen la persistencia del comercio ilícito. En Camboya, más de diez años después de prohibir los cigarrillos electrónicos, estos productos continúan disponibles tanto en mercados callejeros como en plataformas digitales.

EL PROCESO DE TRANSICIÓN

Taiwán ha adoptado un modelo diferente al permitir el tabaco calentado bajo un sistema de autorización controlado. Aunque el marco es restrictivo, introduce una diferenciación regulatoria que no existe en países donde las alternativas están prohibidas y los cigarrillos siguen siendo legales.

Los análisis comparativos muestran que las políticas que no consideran el comportamiento real de los consumidores tienden a producir resultados limitados. La investigación en epidemiología y ciencias sociales indica que la mayoría de los fumadores no abandona la nicotina de forma inmediata, sino que recurre a productos sustitutivos en su proceso de transición.

La disponibilidad legal de cigarrillos, combinada con restricciones severas a alternativas de menor riesgo, ha sido una constante en muchas de las jurisdicciones analizadas. En contraste, países como Suecia, Reino Unido, Japón y Nueva Zelanda han aplicado esquemas regulatorios diferenciados, con controles de calidad, límites de edad y fiscalidad basada en el nivel de riesgo, registrando descensos más rápidos del tabaquismo.

A medida que los gobiernos enfrentan el crecimiento del comercio ilícito y la desaceleración en la reducción del consumo de cigarrillos, el debate sobre la regulación de la nicotina continúa abierto. La evidencia disponible sugiere que la forma en que se establecen estas políticas tiene un impacto directo en los resultados de salud pública.