Australia ha basado durante décadas su política de control del tabaco en medidas como los impuestos especiales, el empaquetado genérico y las restricciones al acceso a productos de nicotina. Sin embargo, el modelo aplicado a los cigarrillos electrónicos ha contribuido al crecimiento del mercado ilícito, según un análisis publicado en la revista Addiction por Borland et al.
El país mantiene un sistema en el que los cigarrillos electrónicos con nicotina se encuentran dentro de un marco regulado como producto terapéutico, mientras que los cigarrillos convencionales continúan siendo una vía legal de acceso a la nicotina sin necesidad de prescripción. Los autores sostienen que esta configuración ha generado un espacio que está siendo ocupado por redes criminales.
El estudio señala que el problema no se limita a la comercialización de productos fuera de los canales autorizados. El crecimiento del mercado ilegal también afecta al precio, la distribución y las condiciones de venta de los productos de nicotina, al tiempo que dificulta la supervisión por parte de las autoridades.
Los impuestos amplían la diferencia de precios
Uno de los factores señalados en el análisis es el incremento de la fiscalidad sobre los cigarrillos. Entre 1990 y 2024, el precio medio de una cajetilla se multiplicó aproximadamente por siete y superó los 40 dólares australianos. En 2025, la carga fiscal asociada al producto se situaba cerca de los 30 dólares australianos por paquete.
Esta diferencia entre el precio de los productos legales y el de los productos comercializados ilegalmente genera un margen económico para las organizaciones que operan fuera del sistema regulado. El informe estima que estos márgenes pueden alcanzar niveles cercanos al 1.500%.
El mercado ilícito de nicotina se ha relacionado además con otras actividades delictivas. Según el texto analizado, los beneficios obtenidos mediante estas operaciones pueden utilizarse para financiar otras formas de delincuencia organizada.
Los comercios se convierten en objetivo de ataques
La expansión de este mercado también ha tenido consecuencias sobre determinados establecimientos minoristas. Desde 2023 se han registrado más de 270 incendios provocados contra puntos de venta en Australia, algunos relacionados con disputas entre grupos criminales o con acciones de intimidación y extorsión.
El análisis también recoge casos de homicidios, secuestros, torturas y robos vinculados a la actividad de estas redes. A ello se suma el riesgo de que los ingresos procedentes del comercio ilegal de nicotina contribuyan a financiar otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, armas o personas.
Las autoridades australianas han advertido asimismo sobre la posible participación de trabajadores del sector del transporte en operaciones destinadas a introducir productos ilícitos a gran escala en el país.
Más recursos policiales no han eliminado el mercado ilegal
Australia ha destinado más de 340 millones de dólares australianos a combatir el comercio ilícito de nicotina mediante medidas centradas en reducir la oferta. Sin embargo, los autores cuestionan que el incremento de las actuaciones de control sea suficiente para eliminar un mercado cuando existe una demanda elevada.
El análisis toma como referencia la evolución de otros mercados de drogas. Entre 2009 y 2021, el gasto destinado a la aplicación de las leyes sobre drogas se triplicó y las incautaciones alcanzaron niveles máximos. Durante ese mismo periodo, la pureza de sustancias como la metanfetamina y la cocaína aumentó mientras sus precios descendieron.
Para los autores, estos antecedentes muestran las dificultades de una estrategia basada exclusivamente en impedir la entrada y distribución de productos. Cuando la demanda permanece, el mercado puede adaptarse a una mayor presión policial y trasladarse hacia canales menos visibles.
La dimensión del mercado de nicotina supone además una dificultad añadida. Mientras algunas operaciones de reducción de la oferta se han aplicado a sustancias utilizadas por una proporción reducida de la población, alrededor del 10% de los adultos australianos consume productos con nicotina.
Nueva Zelanda plantea un modelo diferente
El análisis compara la situación australiana con la de Nueva Zelanda, donde los cigarrillos electrónicos se regulan como productos de consumo destinados a adultos, bajo determinadas condiciones.
Aunque ambos países mantienen una fiscalidad elevada sobre los cigarrillos tradicionales, el acceso a productos alternativos de nicotina presenta diferencias. Según los autores, la existencia de una oferta legal de alternativas puede reducir parte de la demanda que, de otro modo, podría dirigirse al mercado clandestino.
El estudio también apunta a una reducción más rápida del tabaquismo entre los adultos neozelandeses durante el periodo analizado, así como a una utilización relevante de los cigarrillos electrónicos entre determinados colectivos para abandonar el consumo de tabaco combustible.
El debate se centra en cómo regular la demanda existente
El análisis plantea que el objetivo de las políticas de nicotina no debería limitarse a reducir su consumo, sino también a determinar cómo se gestiona una demanda que continúa existiendo.
Entre las medidas propuestas figura detener nuevos incrementos de los impuestos especiales sobre el tabaco, revisar el marco regulatorio de los productos alternativos de nicotina y establecer un sistema que permita su comercialización legal a adultos bajo unas condiciones de seguridad y control determinadas.
Los autores también plantean revisar la comunicación pública sobre las diferencias de riesgo entre los cigarrillos convencionales y los productos de nicotina sin combustión, con el objetivo de que las decisiones de los consumidores se basen en una evaluación diferenciada de los productos.
El debate australiano sitúa así en el centro de la política de nicotina una cuestión que combina salud pública, regulación, fiscalidad y seguridad: cómo mantener bajo supervisión un mercado cuya demanda persiste cuando una parte de su oferta se desplaza hacia canales ilegales.
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