Una propuesta de la Comisión Europea ha encendido el debate entre expertos en salud, consumidores y defensores de la reducción de daños. Según un documento filtrado, Bruselas estudia aplicar un incremento del 30% en los impuestos sobre productos como las bolsas de nicotina y otros sustitutos menos nocivos del tabaco tradicional. El plan, impulsado por la Dirección General de Impuestos y Unión Aduanera (DG TAXUD), ya genera fuertes reacciones por el posible efecto contrario al que supuestamente persigue.

Organizaciones como la Alianza Mundial de Vapeadores (WVA) han salido al paso de la medida. Michael Landl, su director, advirtió que este tipo de políticas penalizan a quienes buscan dejar de fumar y afectan sobre todo a los sectores más vulnerables, donde el hábito del tabaco sigue siendo común. Además, considera que imponer tributos tan elevados podría avivar el descontento ciudadano hacia las instituciones europeas.

Desde el campo de la salud pública, numerosos especialistas en reducción de daños señalan que equiparar fiscalmente estos productos con los cigarrillos puede disuadir el cambio hacia opciones más seguras, especialmente entre personas con menos recursos. Por el contrario, abogan por políticas que hagan económicamente más atractiva la transición, como tasas impositivas diferenciadas o incluso subsidios a los productos alternativos.

PRIORIZAR MEDIDAS

Una publicación reciente del Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR), elaborada por el economista Giorgi Mzhavanadze y promovida por la organización británica Knowledge·Action·Change, refuerza esta posición. El informe urge a las autoridades a replantear su enfoque y priorizar medidas que realmente ayuden a reducir el consumo de tabaco, como mantener los cigarrillos tradicionales significativamente más caros que sus sustitutos menos perjudiciales.

Aunque el uso de los impuestos ha sido históricamente una herramienta efectiva para frenar el tabaquismo, expertos advierten que aplicar cargas fiscales elevadas a productos más seguros puede resultar contraproducente. El documento de GSTHR plantea que la accesibilidad económica de estas alternativas es clave para avanzar en salud pública, y que hacerlas inaccesibles podría llevar a muchos usuarios de vuelta al tabaco convencional o a mercados ilícitos.

A nivel global, más de 50 países y decenas de jurisdicciones en EE. UU. ya aplican impuestos a productos como los vapes o el tabaco calentado. Sin embargo, las diferencias son notables: mientras Bielorrusia impone un 88% de impuestos a los vapes, Kenia solo cobra un 3%. En Europa, países como el Reino Unido e Irlanda han mantenido exentos estos productos, aunque esta situación empieza a cambiar.

¿UN PASO HACIA ATRÁS, O HACIA DELANTE?

Un punto clave que señala el GSTHR es que, incluso cuando los impuestos son más bajos que los del tabaco, las empresas no siempre trasladan esos ahorros a los consumidores. Esto reduce el incentivo económico para cambiar de producto, diluyendo el impacto de la política fiscal.

Para los autores del informe, una estrategia más eficaz incluiría subvenciones o beneficios fiscales dirigidos a las alternativas de menor riesgo, especialmente en poblaciones de bajos ingresos. Con el tiempo, esto no solo mejoraría la salud pública, sino que podría reducir los costos sanitarios a largo plazo.

La propuesta de la Comisión Europea, según sus críticos, representa un paso atrás en los esfuerzos por reducir el tabaquismo. Lejos de incentivar el abandono del cigarrillo, podría empujar a los usuarios a opciones más dañinas o ilegales. Se reclama una revisión urgente de la iniciativa, basada en evidencia científica y centrada en proteger la salud sin aumentar la desigualdad ni castigar a quienes intentan dejar de fumar.