El estado de California implementará a partir del 1 de enero de 2025 dos nuevas leyes, AB 3218 y SB 1230, que amplían las restricciones a los productos de vapeo y nicotina con sabor, buscando limitar su acceso en el mercado estatal. Estas normativas, firmadas en septiembre por el gobernador Gavin Newsom, se suman a la legislación existente, que ya prohíbe la venta de productos de tabaco con sabor, como los vapes, e incluyen medidas adicionales contra productos específicos. La nueva legislación prohibirá también refrigerantes que no contengan mentol, así como análogos de nicotina como la metatina. Asimismo, restringe las ventas en línea de productos de vapeo con sabor, ampliando los controles sobre este tipo de productos.

Con estas leyes, el concepto de “nicotina” en California se extiende ahora para cubrir tanto la nicotina sintética como los análogos. Los “sabores característicos” se redefinen para incluir refrigerantes sintéticos. Para asegurar el cumplimiento, el fiscal general elaborará un listado de productos sin sabor autorizados que estará disponible antes del 31 de diciembre de 2025, permitiendo únicamente la comercialización de estos productos dentro del estado. Las agencias de California tendrán facultad para confiscar productos que incumplan con la regulación y aplicar multas que oscilan entre 2.000 y 50.000 dólares por artículo. Además, las normativas municipales podrán establecer reglas más estrictas si así lo consideran.

IMPACTO EN EL MERCADO Y DEBATE SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS PROHIBICIONES

La implementación de estas restricciones ha dividido opiniones. Por un lado, defensores de la regulación del tabaco consideran que estas normativas son necesarias para proteger a la población, especialmente a los jóvenes. No obstante, críticos y expertos en salud pública advierten que las prohibiciones podrían tener el efecto contrario, impulsando la proliferación de un mercado negro de productos con sabor. Según expertos, este tipo de restricciones ha demostrado anteriormente ser ineficaz, ya que fomenta la búsqueda de alternativas en canales ilegales, exponiendo tanto a consumidores como a minoristas a un comercio de alto riesgo. Existe preocupación de que estas nuevas leyes conduzcan a un aumento en la venta de productos de vapeo no regulados a través de redes sociales y mercados locales, además de incrementar el contrabando de tabaco y vapeo desde otros estados.

El estado ya cuenta con antecedentes en esta línea. La Proposición 31, implementada en 2020 para prohibir la venta de tabaco y productos de vapeo con sabor, fue ampliamente criticada por su aparente ineficacia. Datos estatales revelaron un crecimiento significativo en las compras en línea de estos productos luego de la prohibición, y un estudio en Tobacco Control mostró que las búsquedas en internet de productos prohibidos aumentaron un 194% para cigarrillos y un 162% para productos de vapeo. Este patrón sugiere que, pese a las intenciones de salud pública, las restricciones podrían no estar alcanzando los resultados esperados.

TENDENCIAS DE USO

A pesar de la preocupación en torno al uso de vapeo entre los jóvenes, estudios recientes muestran que el vapeo y los productos de nicotina pueden tener un papel en la reducción del tabaquismo en adultos. Un ejemplo es la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil (YRBS) de 2023 realizada en New Hampshire, que reporta mínimos históricos en el uso de cigarrillos combustibles. Según los hallazgos, solo el 3,9 % de los estudiantes de secundaria fumaban activamente en 2023, lo que marca una reducción del 50 % desde 2017. En paralelo, aunque el uso de vapeo entre jóvenes ha disminuido significativamente desde su auge en 2019, el interés en el vapeo sigue presente, reflejando una caída del 34,5 % en el uso y un 50,6 % en el consumo activo desde 2019.

Estos resultados destacan la complejidad del fenómeno del vapeo y sugieren que las políticas podrían beneficiarse de un enfoque diferenciado, que permita a los adultos el uso de estos productos como herramientas de cesación del tabaquismo, mientras se protege a la población joven de los posibles riesgos. A la luz de estos datos, los expertos piden considerar la evidencia en la creación de políticas que puedan equilibrar la reducción de daños entre los adultos sin alentar el acceso de menores.