El periodista y analista Eduardo Ruiz-Healy, en un artículo publicado en el medio digital El Economista, criticó duramente la reciente decisión del Congreso de México de elevar a rango constitucional la prohibición de los vapeadores. Afirmó que esta medida, en lugar de proteger la salud pública, favorecerá al crimen organizado y podría fomentar la violencia en el país.

Ruiz-Healy señaló que, a pesar de las regulaciones existentes, algunos productos como el cigarro siguen siendo ampliamente consumidos, a pesar de que son responsables de enfermedades como el cáncer de pulmón, y de unas 65.000 muertes al año en México. El costo asociado a estas afecciones asciende a 116.000 millones de pesos anuales, según datos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. En este contexto, calificó como un error replicar este enfoque prohibicionista con los vapeadores.

El autor destacó que los cigarrillos electrónicos, aunque se han promocionado como una alternativa moderna, también representan riesgos graves para la salud. Estos dispositivos contienen sustancias tóxicas como formaldehído, acetaldehído y metales pesados, que pueden causar lesiones pulmonares severas y enfermedades crónicas. A pesar de esto, en lugar de optar por una regulación adecuada y educación sobre sus riesgos, se eligió prohibirlos por completo, lo que, en su opinión, «ignora lecciones aprendidas de otros contextos».

CONTRABANDO DESDE ASIA

Ruiz-Healy también advirtió sobre las implicaciones de esta prohibición en el mercado clandestino. Según él, organizaciones criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya controlan la distribución de vapeadores ilegales, y las redes de contrabando los introducen al país desde Asia. Además, estos productos no regulados pueden contener sustancias aún más peligrosas, como metanfetaminas o fentanilo. Estimaciones indican que este mercado negro genera ingresos de alrededor de 5.000 millones de pesos anuales, recursos que fortalecen al crimen organizado.

El autor calificó de «fantasía» la creencia de que prohibir los vapeadores protegerá a la población y argumentó que esta medida sólo criminaliza a los consumidores mientras deja el control del mercado en manos de grupos ilegales. «En lugar de combatir el problema en su raíz, se opta por una solución simplista que agrava el escenario», añadió.

Finalmente, Ruiz-Healy subrayó que tanto los cigarros como los vapeadores son un riesgo para la salud pública, pero insistió en que la regulación, la educación y campañas de concientización son estrategias mucho más efectivas para reducir el consumo y minimizar los riesgos. Según el analista, esta decisión legislativa no sólo es contraproducente, sino que fortalece al crimen organizado en un país ya golpeado por la violencia.