La Comisión Europea no ha explicado hasta el momento qué criterios utiliza para evaluar el riesgo legal derivado de no divulgar la mayor parte de los documentos técnicos que sustentan la revisión de la normativa comunitaria sobre tabaco y nicotina. Según expertos en derecho, esta situación podría afectar la solidez procedimental de futuras iniciativas legislativas en este ámbito.

La información fue dada a conocer por ECigIntelligence, que identificó un total de 30 documentos internos relacionados con el proceso regulatorio, de los cuales solo tres han sido publicados. Tras conocerse estos datos, el medio contactó en dos ocasiones con la Comisión Europea para solicitar aclaraciones sobre la compatibilidad de esta práctica con las normas de transparencia de la Unión Europea. Aunque la institución confirmó que la solicitud estaba en estudio, no ha emitido una respuesta formal.

ECigIntelligence también trasladó la cuestión al Defensor del Pueblo de la Unión Europea. Desde esa oficina indicaron que compartirán internamente las preocupaciones planteadas y que mantendrán el contacto si requieren información adicional sobre solicitudes de acceso a documentos de características similares.

En comunicaciones anteriores, la Comisión Europea había justificado la no divulgación de aproximadamente el 90% del material solicitado alegando la necesidad de proteger su proceso interno de toma de decisiones.

FISCALIDAD Y REGULACIÓN DEL TABACO

La consulta de ECigIntelligence hizo referencia expresa a la sentencia ClientEarth de 2018 (C-57/16 P) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que las evaluaciones de impacto forman parte del proceso legislativo y, por tanto, están sujetas a obligaciones de transparencia para garantizar el control democrático. En este contexto, se preguntó a la Comisión si prevé publicar los 27 documentos restantes antes de la presentación formal de la propuesta legislativa y cómo valora el posible riesgo de impugnaciones judiciales por defectos de procedimiento derivados de la retención de pruebas técnicas.

Paralelamente, la Comisión trasladó las solicitudes de acceso a esta documentación desde las unidades técnicas a niveles superiores de su estructura, en concreto a la unidad SG A2 de la Secretaría General. En este marco, la periodista de investigación Irene van den Berg, que había solicitado acceso a los documentos a través de la plataforma AsktheEU.org, aceptó limitar su petición a cuatro archivos durante la fase confirmatoria tras una denegación inicial. Entre los documentos solicitados figuran intercambios confidenciales con Italia sobre la regulación de la nicotina y la respuesta del comisario Wopke Hoekstra a una coalición de 15 Estados miembros.

Este intercambio tiene lugar mientras la Comisión avanza en la preparación de propuestas relacionadas con la fiscalidad y la regulación del tabaco, iniciativas con impacto presupuestario y normativo para los Estados miembros.

En este contexto, el eurodiputado Daniel Freund (Verdes/Alianza Libre Europea) y el jurista Emilio De Capitani han señalado públicamente las implicaciones institucionales de la falta de acceso a los documentos. De Capitani, vinculado a decisiones previas del Tribunal de Justicia sobre transparencia legislativa, ha indicado que esta práctica podría entrar en conflicto con la jurisprudencia establecida en 2018 y generar posibles vulnerabilidades procedimentales en el proceso de elaboración normativa.