El mercado estadounidense de vapeadores atraviesa un periodo de cambios regulatorios y comerciales que coincide con un aumento de las dudas entre la población sobre los riesgos asociados a estos dispositivos y su comparación con el consumo de cigarrillos convencionales.

Uno de los cambios más relevantes afecta al comercio electrónico. Diversas informaciones apuntan a que la plataforma Shopify estudia poner fin a la comercialización de productos de vapeo en Estados Unidos a través de sus servicios. La iniciativa llega después de las peticiones realizadas por fiscales generales de distintos estados para reforzar las medidas contra la distribución de productos no autorizados.

La estrategia regulatoria se ha ampliado en los últimos años y ya no se centra únicamente en fabricantes y distribuidores. Las actuaciones también alcanzan a plataformas de venta en línea, sistemas de pago y entidades financieras vinculadas a estas operaciones comerciales.

COMERCIO ILÍCITO

Mientras las autoridades buscan reducir la circulación de productos que no cuentan con autorización, algunos especialistas en políticas de reducción del daño asociado al tabaco señalan que la restricción de canales legales podría favorecer el crecimiento del mercado no regulado. Estimaciones del sector sitúan el volumen económico del comercio ilícito de vapeadores en Estados Unidos en torno a los 9.000 millones de dólares anuales.

El sistema de autorización vigente en el país permite la comercialización de un número reducido de productos de vapeo aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la mayoría de ellos con sabor a tabaco. Esta situación ha generado una diferencia entre la oferta disponible legalmente y las preferencias de parte de los consumidores, que continúan adquiriendo otros productos presentes en el mercado.

El contexto ha dado lugar a un escenario en el que los cigarrillos tradicionales continúan disponibles de forma generalizada, mientras que los productos alternativos están sujetos a un número creciente de restricciones regulatorias.

PERCEPCIÓN SOCIAL

A este panorama se suma la percepción social sobre el vapeo. Un estudio elaborado a partir de datos del proyecto estadounidense PATH, representativo a escala nacional, concluyó que cerca del 94% de los fumadores que no utilizan cigarrillos electrónicos ni tienen previsto abandonar el tabaco considera que vapear implica un riesgo igual o superior al de fumar cigarrillos convencionales.

La investigación, publicada en la revista Tobacco and Nicotine Research, refleja uno de los niveles más elevados de percepción de riesgo registrados en los últimos años entre este grupo de población.

Diversos organismos y estudios científicos han mantenido posiciones diferentes sobre el riesgo relativo entre ambos productos. Informes elaborados anteriormente por Public Health England señalaron que el vapeo podría presentar un nivel de riesgo inferior al asociado al consumo de cigarrillos combustibles, mientras que el Real Colegio de Médicos del Reino Unido también ha defendido diferencias entre ambos productos en términos de impacto sanitario.

PERCEPCIONES ERRÓNEAS

Los datos del estudio estadounidense indican además que las percepciones erróneas son más frecuentes entre personas de mayor edad, fumadores afroamericanos y ciudadanos con menor nivel educativo. La investigación se centró en fumadores sin intención inmediata de abandonar el consumo de tabaco, un grupo que representa una parte importante de la población fumadora adulta.

Según distintas investigaciones, las personas que consideran que el vapeo y el tabaco presentan riesgos equivalentes muestran una menor disposición a sustituir los cigarrillos tradicionales por otros productos de nicotina.

La comunidad científica coincide en que gran parte de las enfermedades asociadas al tabaquismo están relacionadas con la combustión del tabaco y con las sustancias generadas durante ese proceso, responsables de una parte significativa de los casos de cáncer, patologías cardiovasculares y enfermedades respiratorias vinculadas al consumo de cigarrillos.

En este contexto, varios expertos han planteado la necesidad de reforzar la información pública sobre el riesgo relativo de los diferentes productos de nicotina. Un comentario publicado recientemente en Nature Health y firmado por antiguos responsables de la Organización Mundial de la Salud defendió que las estrategias de reducción del daño podrían desempeñar un papel más amplio en las políticas internacionales de control del tabaco con el objetivo de reducir la mortalidad asociada al tabaquismo antes de 2040.

Entre los ejemplos analizados con frecuencia figura el caso de Suecia, donde la expansión del uso de snus y de las bolsas de nicotina ha coincidido con una disminución progresiva de la tasa de fumadores hasta situarse por debajo del 5% de la población.

ÁMBITO POLÍTICO Y LEGISLATIVO

El debate también se ha trasladado al ámbito político y legislativo. El analista Martin Cullip, especializado en reducción del daño asociado al tabaco, ha señalado que parte de las organizaciones de salud pública mantienen posiciones contrarias a determinadas alternativas pese a la evidencia científica disponible sobre ellas.

Cullip citó como ejemplo una propuesta legislativa debatida en Rhode Island que planteaba permitir la venta de cigarrillos electrónicos con sabores en establecimientos destinados exclusivamente a adultos y sometidos a regulación específica, al tiempo que destinaba fondos a programas de cesación tabáquica. La iniciativa encontró oposición por parte de varias organizaciones sanitarias.

Para este experto, las restricciones aplicadas a determinados productos alternativos contrastan con la disponibilidad de los cigarrillos convencionales en el mercado estadounidense, una situación que mantiene abierto el debate sobre el enfoque de las políticas de control del tabaco.

La evolución de las ventas por internet, el endurecimiento regulatorio y la percepción social sobre los riesgos del vapeo configuran un escenario en el que la información sobre las distintas alternativas al cigarrillo tradicional adquiere un papel central dentro de las estrategias de salud pública orientadas a reducir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.