La inminente prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables en el Reino Unido ha generado una ola de inquietud entre parlamentarios y organizaciones sociales, quienes advierten que el bajo nivel de preparación del gobierno podría podría allanar el camino para una expansión del crimen organizado en torno al vapeo ilegal y por ende, del mercado negro.

A pesar de que la nueva legislación entrará en vigor el próximo 1 de junio, las autoridades apenas han contratado a 80 aprendices para reforzar los equipos de Normas Comerciales encargados de aplicar la ley. Además, el presupuesto destinado a este propósito –unos 10 millones de libras esterlinas– ha sido duramente criticado por ser insuficiente, cubriendo menos de un tercio de lo que se estima necesario solo para Inglaterra.

Diversos departamentos gubernamentales, entre ellos el de Salud (DHSC) y Medio Ambiente (DEFRA), aún no han asignado claramente sus recursos para enfrentar la situación. Mientras tanto, se teme que el limitado personal actual no pueda hacer frente a un mercado ilegal que ya representa aproximadamente una tercera parte del total de ventas de vapes en el país.

El problema no es nuevo: solo en el último año se confiscaron más de 1,2 millones de dispositivos ilegales, un aumento del 59% respecto al año anterior. Algunas zonas como Essex y Londres han registrado cifras récord de incautaciones, con crecimientos de hasta el 14% en apenas un año.

AUMENTA LA VENTA DE PRODUCTOS NO AUTORIZADOS

Organizaciones como la Asociación de Tiendas de Conveniencia han alertado que la falta de vigilancia efectiva podría tener un costo adicional para los pequeños comercios, estimando pérdidas por más de 600 millones de libras. Por otro lado, la fragmentación del esfuerzo regulatorio, distribuido entre al menos cinco agencias gubernamentales, también genera dudas sobre la efectividad de la implementación.

Grupos del sector del vapeo legal y organizaciones como We Vape han criticado la ausencia de un plan sólido y de recursos adecuados, y advierten que esta situación podría replicar el modelo fallido de Australia, donde redes criminales violentas aprovecharon las restricciones al vapeo.

Asimismo, las autoridades enfrentan un creciente tráfico ilícito a través del Eurotúnel y puertos como el de Dover, en paralelo con un preocupante repunte en la venta de tabaco ilegal. Una reciente encuesta nacional reveló que el 80% de los fumadores adquirieron productos no autorizados en el último año.

La Ley de Tabaco y Vapes no solo busca eliminar los dispositivos desechables, sino también restringir sabores, aumentar impuestos al líquido de vapeo y prohibir su publicidad. Sin embargo, sin el respaldo financiero y logístico suficiente, muchos temen que la normativa termine alimentando un mercado negro cada vez más sofisticado y peligroso.