Un nuevo informe internacional propone usar la política fiscal como herramienta para reducir los daños del tabaco, promoviendo el uso de productos de nicotina menos perjudiciales como alternativa a los cigarrillos tradicionales.

La publicación, elaborada por el proyecto Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR), financiado por la organización británica Knowledge·Action·Change (K·A·C), plantea que los gobiernos deberían establecer una brecha impositiva clara entre los cigarrillos combustibles y otras opciones como los vapeadores o el tabaco calentado. La idea central es que fumar tabaco convencional sea significativamente más caro que recurrir a productos de menor riesgo.

El documento, firmado por el economista Giorgi Mzhavanadze, analiza cómo distintos países aplican impuestos a los Sistemas de Nicotina más Seguros (SNP, por sus siglas en inglés). Aunque en muchos lugares estos productos tienen un tratamiento fiscal más favorable que los cigarrillos, esto no siempre se traduce en un menor precio para los consumidores. Según el informe, muchas veces las empresas absorben los beneficios fiscales en lugar de trasladarlos al precio final, lo que limita el impacto positivo de esta política.

Además, el texto alerta sobre el riesgo de igualar la carga tributaria entre productos nocivos y alternativas más seguras, como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) en algunos casos. Hacerlo, advierte el informe, podría desincentivar el cambio hacia opciones menos dañinas y frenar los avances en salud pública.

PROPUESTAS INNOVADORAS

El análisis revela una gran disparidad en los niveles de impuestos aplicados a productos como los vapeadores y el tabaco calentado. Por ejemplo, en 2023 Bielorrusia aplicaba un impuesto del 88% sobre el precio de los vapeadores, mientras que en Costa Rica y Paraguay ese porcentaje no superaba el 4%. En el caso del tabaco calentado, países como Palestina e Israel tenían cargas fiscales superiores al 70%, mientras que en Finlandia y Andorra eran mínimas.

El documento también pone sobre la mesa propuestas innovadoras, como la posibilidad de subsidiar los productos de nicotina más seguros para facilitar el acceso a quienes quieren dejar de fumar. Esto, argumenta, no solo tendría efectos positivos en la salud de la población, sino que también supondría un ahorro significativo en costos sanitarios a largo plazo.

La conclusión es clara: para combatir el tabaquismo de manera efectiva, no basta con subir impuestos a los cigarrillos. Es necesario repensar la estrategia fiscal, diferenciando entre productos según su nivel de riesgo y orientando las políticas públicas hacia la reducción de daños.