La Guardia Civil ha intervenido un total de 136.000 cajetillas de tabaco sin precinto fiscal en dos actuaciones realizadas en los municipios valencianos de Benifairó de la Valldigna y Riba-roja del Túria. Como resultado de las intervenciones, los agentes investigaron a una persona por un presunto delito de contrabando y propusieron a otra para sanción administrativa.

La primera actuación tuvo lugar el pasado 29 de noviembre durante un control de vehículos establecido en Benifairó de la Valldigna. Los agentes dieron el alto a un turismo en cuyo interior se observó una caja situada en uno de los asientos traseros. Al inspeccionar el contenido, comprobaron que transportaba cartones de tabaco. Una revisión posterior del maletero permitió localizar otra caja con el mismo tipo de mercancía.

Tras la comprobación, se constató que las cajetillas carecían del correspondiente precinto fiscal y que el conductor no pudo presentar documentación que acreditara su procedencia legal. Ante estos hechos, los agentes intervinieron 1.000 cajetillas de tabaco y tramitaron una propuesta de sanción administrativa por infracción en materia de contrabando.

CONTRABANDO

La segunda intervención se produjo el pasado 9 de diciembre, alrededor de las 12.00 horas, en una campa situada en Riba-roja del Túria. En el lugar se encontraba un semirremolque cuya cabeza tractora había sufrido una avería. Al abrir el contenedor, los agentes detectaron olor a tabaco.

Tras retirar varias filas de mercancía que ocultaban la carga, localizaron 270 cajas que contenían 13.500 cartones de tabaco de diferentes marcas, todos ellos sin la correspondiente precinta fiscal y de origen extranjero. No se pudo acreditar la legalidad del transporte, asimismo, el conductor del remolque ha sido investigado por delito de contrabando.

Los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de Valencia y del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna desarrollaron la investigación. Asimismo, remitieron las diligencias al Juzgado de Guardia de Llíria y trasladaron la propuesta de sanción administrativa a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.