El comercio ilícito de tabaco en Australia ha pasado de ser un fenómeno residual a convertirse en un problema de alcance nacional. El crecimiento de este mercado coincide con un endurecimiento de las políticas sobre nicotina, basadas en la prohibición de productos alternativos y en un aumento sostenido de los impuestos al tabaco. El resultado ha sido la consolidación de una red ilegal valorada en miles de millones de dólares, acompañada de episodios de violencia, pérdida de recaudación fiscal y una menor capacidad de control sanitario.

Diversos especialistas en políticas de reducción de daños han señalado que este escenario no responde a fallas operativas en la fiscalización, sino a decisiones regulatorias que restringieron el acceso legal a productos de nicotina de menor riesgo, mientras la demanda se mantuvo constante. En ese contexto, el suministro pasó a manos de organizaciones criminales.

Esta evaluación fue presentada recientemente ante el Comité de Asuntos Legales y Constitucionales del Senado por la Coalición de Defensores de la Reducción de Daños por Tabaco de Asia Pacífico (CAPHRA). En su informe, la organización sostuvo que la eliminación del mercado legal de vapeo regulado para adultos dejó un vacío que fue ocupado por redes ilícitas, sin controles de calidad ni mecanismos efectivos de verificación de edad.

CIRCUITOS NO REGULADOS

Según estimaciones de CAPHRA, el comercio ilegal de tabaco en Australia supera actualmente los 4.000 millones de dólares australianos al año. Esta cifra incluye tanto el impacto fiscal como los costos asociados a actividades delictivas vinculadas a la distribución clandestina, como extorsión, incendios provocados y disputas territoriales entre grupos criminales.

Durante su comparecencia ante el Senado, la coordinadora ejecutiva de CAPHRA, Nancy Loucas, explicó que el cierre de comercios legales especializados en vapeo no redujo el consumo de nicotina. En su lugar, desplazó la oferta hacia circuitos no regulados, donde el tabaco y los productos de nicotina se venden sin supervisión. De acuerdo con su análisis, esta dinámica ha facilitado un acceso menos controlado para menores de edad.

La experiencia australiana coincide con estudios previos sobre políticas de prohibición. Cuando se elimina la oferta legal de un producto con demanda estable, desaparecen los mecanismos de control, se debilitan los estándares de seguridad y se fortalece la participación de actores ilícitos.

Un ejemplo visible de esta situación se observa en Australia Occidental. En ciudades como Perth y Bunbury se han registrado incendios intencionales contra establecimientos comerciales, hechos que la policía ha vinculado a disputas entre organizaciones dedicadas al comercio ilegal de tabaco. Las autoridades han identificado estos incidentes como parte de una competencia por el control de la distribución clandestina.

REFUERZO EN LAS MEDIDAS DE CONTROL

El criminólogo James Martin, de la Universidad Deakin, ha señalado que este tipo de violencia está asociada a los márgenes de ganancia elevados que genera la ilegalidad, más que a la falta de sanciones. Cuando el acceso legal se restringe y los precios aumentan, el incentivo económico para el mercado negro se amplía, al igual que los conflictos entre grupos que operan fuera de la ley.

Ante esta situación, los gobiernos estatales han reforzado las medidas de control. Australia del Sur elevó las multas máximas hasta 6,6 millones de dólares australianos, mientras que Australia Occidental designó un responsable específico para coordinar la lucha contra el tabaco ilícito y anunció nuevas reformas legales. No obstante, el comercio ilegal continúa activo.

Especialistas en criminología y políticas públicas advierten que la aplicación de la ley, por sí sola, no elimina la demanda. Las organizaciones criminales ajustan sus métodos, reabren negocios bajo nuevas identidades, trasladan operaciones al comercio digital o aprovechan diferencias regulatorias entre jurisdicciones. Cada operativo incrementa el riesgo, pero también eleva el valor del mercado ilegal.

El sistema impositivo también influye en este fenómeno. Los aumentos sostenidos en los impuestos al tabaco han ampliado la diferencia de precios entre los productos legales y los ilícitos. Para algunos consumidores, especialmente aquellos que no abandonan el consumo, el mercado informal se presenta como una alternativa económicamente accesible.

RIESGOS ASOCIADOS A PRODUCTOS DE ORIGEN DESCONOCIDO

En paralelo, el acceso a productos de vapeo regulados se ha visto limitado. Esto ocurre a pesar de que organismos internacionales y revisiones científicas han señalado que el vapeo puede reducir la exposición a sustancias tóxicas en comparación con los cigarrillos tradicionales y contribuir al abandono del tabaquismo. En Australia, estos productos están sujetos a restricciones más severas que los cigarrillos combustibles, lo que ha desplazado su comercialización hacia canales no regulados.

CAPHRA también expuso experiencias similares en otros países de Asia-Pacífico. En India y Tailandia, donde el vapeo está prohibido, los productos continúan circulando a través de mercados informales, sin controles sanitarios ni límites de edad. Estudios académicos realizados en India indican que la aplicación de la prohibición es irregular y que existen riesgos asociados a productos de origen desconocido.

En contraste, países que optaron por modelos regulatorios diferenciados han registrado resultados distintos. Nueva Zelanda implementó un marco que combina restricciones de edad, estándares de fabricación y acceso regulado para adultos, coincidiendo con una reducción sostenida de las tasas de tabaquismo. Filipinas adoptó un enfoque similar, separando las políticas de reducción de daños para adultos de las estrategias de prevención en jóvenes.

APOYO PARA DEJAR DE FUMAR

Australia lanzó recientemente la campaña “Give Up For Good”, centrada en la educación y el apoyo para dejar de fumar. Si bien estas iniciativas forman parte de las estrategias tradicionales de control del tabaco, diversos análisis indican que su efectividad se reduce cuando no existen alternativas legales y reguladas para quienes no logran abandonar el consumo en los primeros intentos.

Investigaciones acumuladas durante décadas muestran que la mayoría de los fumadores realiza múltiples intentos antes de dejar el hábito y que, en muchos casos, requiere sustitutos de nicotina que aborden tanto la dependencia química como los patrones de consumo. Limitar estas opciones mientras el cigarrillo sigue disponible plantea un desafío para los objetivos de salud pública.

El avance del mercado ilícito de tabaco en Australia pone de relieve las consecuencias de un enfoque basado exclusivamente en la prohibición. La expansión del crimen organizado, la pérdida de control regulatorio y las dificultades para proteger a los menores forman parte de un mismo proceso. Según CAPHRA, reintroducir el suministro de nicotina en un marco legal, regulado y limitado a adultos es un elemento central para reducir estos impactos y recuperar la supervisión sanitaria.