El fraude fiscal sigue siendo uno de los principales problemas en España y el Gobierno decide llevar a cabo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, piden la ayuda de autónomos, pymes y otros empresarios.
El plan del Ejecutivo, enviado ya a la Comisión Europea, está compuesto por numerosas medidas donde además se requiere «relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos». El objetivo de estas relaciones es que entre estos colectivos se lleguen a acuerdos e ideas para favorecer e «incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias». Una de las medidas que matiza el Ejecutivo es la limitación de pagos en efectivo, ya que de esta manera se «dificultan comportamientos defraudatorios».
Para favorecer el plan, la Agencia Tributaria puede llegar a aumentar la plantilla para vigilar los ingresos que no se declaren, mejorar sus equipos informáticos y una atención al contribuyente óptima. La atención telefónica es otro de los elementos a favorecer además de, un sistema de pago de deudas con la Agencia o los datos del registro en el IRPF.
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