Las delegaciones que llegarán a Ginebra para la undécima Conferencia de las Partes del Convenio Marco (COP11) de la OMS para el Control del Tabaco enfrentarán un escenario dividido. El encuentro reunirá a gobiernos con posiciones incompatibles sobre el lugar del vapeo y de otros productos de nicotina en las políticas de control del tabaco.

BÉLGICA IMPULSA RESTRICCIONES Y EL REINO UNIDO DEFIENDE ALTERNATIVAS

Bélgica prepara una intervención activa en el debate sobre nuevos productos de nicotina. El viceprimer ministro Franck Vandenbroucke coordinará un seminario sobre el tema durante la conferencia. La actividad será pública, aunque no incluye representantes de consumidores ni especialistas externos. En el país, la proporción de personas que fuman se mantiene en torno al 20 por ciento. Las autoridades belgas continúan presentando el vapeo como un riesgo para la salud colectiva.

El Reino Unido se presentará con una postura distinta. El Departamento de Salud informó que su delegación reiterará que el vapeo implica menos riesgo que fumar y que puede ayudar a quienes buscan abandonar el tabaco. Tras la reducción del aporte financiero de Estados Unidos a la OMS, Reino Unido se convirtió en un contribuyente central, lo que incrementa la atención sobre su posición. Con ese respaldo político y financiero, la delegación británica planteará que las alternativas sin combustión forman parte de una estrategia de reducción de daños.

UNA GUÍA PARA NAVEGAR LA CONFERENCIA

El debate entre ambas líneas de acción también aparece en un documento difundido por Clive Bates, titulado “FCTC COP-11: una guía de supervivencia para delegados”. El texto señala que las políticas vigentes no han logrado disminuir las muertes vinculadas al consumo de tabaco, que permanecen en 7,5 millones al año, y que más de mil millones de personas siguen consumiendo nicotina. Bates sostiene que el cambio hacia opciones sin combustión reduce riesgos y muestra resultados en países como Suecia y Reino Unido.

El documento informativo de la Secretaría de la OMS para el punto 4.5 de la agenda descarta la reducción de daños como herramienta. La propuesta se orienta hacia nuevos vetos, ampliación de acciones legales contra la industria tabacalera y limitaciones adicionales a los productos de nicotina. Investigadores y organizaciones del campo de la salud pública señalaron que este enfoque puede reforzar patrones de consumo de alto riesgo y no resuelve el tabaquismo.

Además, persiste un debate interno sobre qué grupos deben guiar las recomendaciones técnicas. La discusión entre comités impulsados por organizaciones no gubernamentales y grupos designados por los estados miembros mantiene detenida la definición de un mecanismo estable.

TRANSPARENCIA Y FINANCIAMIENTO EN DISCUSIÓN

La COP11 sigue bajo observación por su sistema de acreditaciones. Solo 29 organizaciones figuran como observadoras, cifra muy inferior a la de las conferencias climáticas de la ONU. La ausencia de actores externos, como investigadores independientes y asociaciones de consumidores, alimenta cuestionamientos sobre el proceso.

En paralelo, el plan financiero de la FCTC para 2030 calcula la necesidad de 9,6 mil millones de dólares por año. Algunos análisis plantean que la adopción de estrategias de reducción de daños disminuiría la presión sobre los presupuestos públicos, ya que la transición hacia productos sin combustión es costeada principalmente por las personas que consumen tabaco.

La COP11 se presenta como un momento clave para definir si las políticas globales mantendrán un rumbo centrado en prohibiciones o si incorporarán enfoques basados en la evidencia científica sobre productos alternativos. La capacidad de los delegados para abordar estas diferencias marcará el impacto del encuentro. Según la guía de Bates, el riesgo para la FCTC es avanzar sin integrar la evidencia disponible y perder oportunidades de reducir la mortalidad asociada al tabaco.