El ambicioso plan del Gobierno español para restringir severamente productos como las bolsas de nicotina y los cigarrillos electrónicos ha encontrado una resistencia dentro de la Unión Europea. Seis países miembros, Italia, Suecia, Grecia, República Checa, Hungría y Rumanía han presentado objeciones formales. Por ende, obliga a España a suspender temporalmente su propuesta y responder a las críticas antes de seguir adelante.

Las objeciones, conocidas como “opiniones razonadas”, activan un periodo de espera mínimo de tres meses. Durante ese tiempo, el Ejecutivo español deberá justificar su normativa o introducir cambios si quiere evitar retrasos más prolongados o incluso el bloqueo definitivo de su aplicación.

Suecia ha sido uno de los países más críticos. Su gobierno se ha manifestado públicamente en contra del límite de 0,99 mg de nicotina por bolsa, alegando que es una medida desproporcionada. Según Suecia, España no ha demostrado que alternativas menos restrictivas no puedan alcanzar los mismos objetivos en materia de salud pública.

Pero la oposición no viene solo del exterior. En el plano nacional, la Comisión de los Mercados y la Competencia (CMC) también ha pedido más respaldo científico antes de que la normativa avance. Este organismo considera que faltan pruebas sólidas para sustentar medidas tan restrictivas.

LA PROPUESTA Y UN PLAZO

La propuesta española ha sido enviada al Sistema de Información de Reglamentos Técnicos (TRIS), que coordina la armonización normativa entre países de la UE. El texto impone amplias restricciones: prohíbe los saborizantes en cigarrillos electrónicos, limita las bolsas de nicotina hasta casi eliminarlas y reduce el nivel máximo de nicotina en e-líquidos de 20 a 15 mg/ml.

Lo que hace este caso especialmente inusual es el número de objeciones recibidas. Durante todo 2024, otros países cuestionaron menos del 4 % de las propuestas regulatorias que los miembros notificaron a la UE, y ninguna recibió tantas observaciones como la española.

El Ministerio de Sanidad tiene como plazo el 28 de julio para responder oficialmente a los países que se han opuesto. Puede defender que la norma no representa una barrera injustificada para el mercado común o bien optar por modificar el texto legal para alinearlo con las preocupaciones planteadas.