Australia debate si su actual política fiscal sobre el tabaco está alcanzando los resultados previstos mientras aumenta el consumo de productos de nicotina procedentes del mercado ilegal. Aunque el porcentaje de fumadores diarios ha disminuido en los últimos años, distintos datos oficiales muestran un incremento del uso de tabaco ilícito y una diferencia cada vez mayor entre los precios legales y los de los productos de contrabando.

El debate ha llevado a algunos sectores políticos a plantear modificaciones en los impuestos especiales sobre los cigarrillos. Entre las referencias que han entrado en la discusión se encuentra la experiencia de Canadá durante la década de 1990, cuando el país redujo determinados impuestos al tabaco y, al mismo tiempo, reforzó las medidas contra el comercio ilegal.

CANADÁ REDUJO LOS IMPUESTOS Y REFOZÓ LOS CONTROLES

A comienzos de los años noventa, Canadá afrontaba un aumento del contrabando de cigarrillos. En 1994, los productos introducidos ilegalmente representaban alrededor del 40% del mercado de tabaco, según las estimaciones citadas en los análisis sobre aquella etapa.

El sistema se apoyaba, en parte, en la exportación de cigarrillos canadienses hacia Estados Unidos. En 1993, las exportaciones alcanzaron aproximadamente los 17.000 millones de unidades, antes de que una parte de esos productos regresara al país sin pagar los impuestos correspondientes.

Ante esta situación, el Gobierno canadiense modificó la estructura fiscal. En febrero de 1994 redujo el impuesto especial federal sobre los cigarrillos de 10,36 a 5,36 dólares canadienses por cada 200 unidades. Varias provincias aplicaron también reducciones fiscales.

La rebaja impositiva se acompañó de otras medidas. Canadá incrementó los controles fronterizos, introdujo un impuesto sobre las exportaciones y estableció mecanismos destinados a diferenciar los cigarrillos destinados al mercado exterior. Las autoridades también incorporaron medidas relacionadas con la protección de los menores.

Los datos posteriores reflejaron una reducción de las exportaciones. Estas pasaron de unos 17.000 millones de cigarrillos en 1993 a 7.000 millones en 1994 y aproximadamente 5.000 millones en 1995. Un análisis posterior del Gobierno estadounidense calculó que las importaciones de cigarrillos canadienses procedentes de ese circuito disminuyeron un 96% entre 1993 y 1996.

AUSTRALIA AFRONTA UNA DIFERENCIA CRECIENTE ENTRE LOS PRECIOS

La situación australiana presenta algunas similitudes, aunque el mercado actual es diferente. Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, el porcentaje de personas que fumaban a diario se situó en el 5,6% en 2025, frente al 8,3% registrado en 2022-2023 y al 19,5% de 2001.

Paralelamente, ha aumentado el uso declarado de tabaco ilegal entre los fumadores. En 2025, el 34% de los fumadores actuales afirmó haber consumido tabaco ilícito recientemente, frente al 17% registrado en 2022-2023.

Los datos de la Oficina Australiana de Estadística apuntan además a una evolución de los precios. Desde finales de 2016, el precio del tabaco legal casi se ha triplicado, mientras que las estimaciones disponibles sitúan los precios del mercado ilegal en niveles relativamente estables.

La evolución de estos indicadores ha abierto el debate sobre la relación entre la presión fiscal y el crecimiento del mercado ilícito. Entre las propuestas planteadas se encuentra la de One Nation, que ha defendido una reducción del 75% del impuesto especial sobre el tabaco y una congelación de su indexación durante tres años. Según sus cálculos, esta medida podría situar el precio de una cajetilla legal, actualmente en torno a los 46,50 dólares australianos, entre 21 y 22 dólares.

También se han planteado otras alternativas, como congelar los impuestos especiales o aplicar reducciones durante un periodo determinado.

EL DEBATE INCORPORA AHORA LOS PRODUCTOS SIN COMBUSTIÓN

La discusión australiana no se limita a los cigarrillos convencionales. El mercado de nicotina también incluye productos sin combustión, como los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina.

En este ámbito, Australia mantiene un modelo de acceso restringido para los productos de vapeo. Desde octubre de 2024, las farmacias constituyen el principal canal legal de venta. Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Estrategia de Medicamentos para Hogares de 2025 muestran una utilización limitada de este canal.

Solo el 2,5% de los usuarios de cigarrillos electrónicos señaló que adquiría estos productos en farmacias físicas y otro 4,8% recurrió a farmacias online. En torno al 93% declaró obtenerlos a través de otros canales, entre ellos los establecimientos de tabaco.

Estas cifras han alimentado el debate sobre si el modelo actual está desplazando parte de la demanda hacia proveedores que operan fuera del sistema regulado.

LA EVIDENCIA SOBRE EL VAPEO ENTRA EN LA DISCUSIÓN

El papel de los cigarrillos electrónicos como alternativa al tabaco combustible también forma parte del debate. Una revisión de Cochrane concluyó que los cigarrillos electrónicos con nicotina pueden ayudar a más personas a dejar de fumar que la terapia de reemplazo de nicotina. El análisis citado incluyó siete estudios con 2.544 participantes y encontró una tasa de abandono aproximadamente un 59% superior entre quienes utilizaron cigarrillos electrónicos con nicotina frente a quienes recurrieron a terapias sustitutivas de nicotina.

El Real Colegio de Médicos también ha señalado el posible papel de los cigarrillos electrónicos dentro de las estrategias destinadas a reducir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de establecer medidas que eviten su utilización entre menores y personas que nunca han fumado.

Las bolsas de nicotina constituyen otra de las alternativas sin combustión presentes en el mercado. Sin embargo, la evidencia disponible sobre su eficacia específica para ayudar a dejar de fumar es actualmente menor que la existente para los cigarrillos electrónicos.

AUSTRALIA ANALIZA EL EQUILIBRIO ENTRE FISCALIDAD Y REGULACIÓN

La experiencia canadiense de los años noventa no puede trasladarse directamente al mercado australiano actual. Sin embargo, el caso muestra cómo una modificación fiscal puede combinarse con medidas de control para actuar sobre los incentivos económicos del comercio ilegal.

En Australia, la discusión gira ahora en torno a si una reducción de la diferencia de precios entre los productos legales e ilegales podría modificar el comportamiento de los consumidores y reducir el atractivo del mercado clandestino.

Al mismo tiempo, las propuestas sobre productos de menor riesgo plantean la posibilidad de ampliar los canales legales de acceso bajo condiciones específicas, como licencias para establecimientos especializados, controles de edad y requisitos sobre los productos.

El debate se centra, por tanto, en cómo combinar los impuestos sobre los cigarrillos, las medidas contra el comercio ilícito y la regulación de las alternativas sin combustión. La evolución de estos mercados determinará qué combinación de medidas adopta Australia para abordar el consumo de nicotina y el comercio ilegal.