Una propuesta interna de la Comisión Europea para reformar la política fiscal sobre productos del tabaco ha generado inquietudes dentro de las propias instituciones comunitarias. Aunque el planteamiento oficial busca reducir el consumo de tabaco y aumentar la recaudación, un documento filtrado advierte sobre posibles efectos adversos que podrían comprometer tanto la salud pública como la estabilidad fiscal de la región.

El diario alemán Bild difundió el 12 de junio un informe interno que detalla la evaluación de impacto de la Comisión respecto a una revisión de la Directiva de Impuestos Especiales sobre el Tabaco (TED). En el documento se plantean incrementos sustanciales en los impuestos: un 139% en cigarrillos, 258% en tabaco para liar y más del 1.000% en cigarros. Además, por primera vez se propone incluir al vapeo y al tabaco calentado en el régimen fiscal europeo.

Según las estimaciones iniciales, este escenario podría traducirse en más de 15.000 millones de euros adicionales anuales en ingresos fiscales. Sin embargo, el informe advierte que incrementos tan elevados podrían favorecer el mercado ilegal y alentar el consumo de productos no regulados, con consecuencias contrarias a las deseadas.

El análisis señala que diferencias marcadas entre los sistemas fiscales de los países miembros pueden incentivar las compras transfronterizas y el contrabando, una tendencia documentada por la propia Comisión desde 2020. Este fenómeno socava tanto los ingresos públicos como las políticas de salud.

EVITAR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO NEGRO

Otro de los hallazgos del informe es que en los países con impuestos ya elevados, nuevas subidas no parecen tener un efecto sustancial sobre la reducción del consumo. Cuando los consumidores acceden fácilmente a productos más baratos, la eficacia de la fiscalidad como herramienta disuasoria se debilita.

Además, se menciona el impacto económico que podrían sufrir regiones con una fuerte dependencia del cultivo y la producción de tabaco, especialmente en el sur y este de Europa. Grecia, Italia y Rumanía, entre otros, han manifestado su preocupación ante las posibles repercusiones económicas, sociales y laborales de la medida.

El Comisario de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, se enfrenta al reto de equilibrar varios objetivos: reducir el tabaquismo, actualizar el tratamiento fiscal de los productos de nicotina, evitar el crecimiento del mercado negro y mantener la cohesión entre Estados miembros con posiciones divergentes.

Quince países, entre ellos Francia y los Países Bajos, respaldan la propuesta. Argumentan que podría contribuir a reducir el contrabando y reforzar la recaudación. Francia, por ejemplo, estima en 9.400 millones de euros las pérdidas anuales por comercio ilícito de tabaco, mientras que los Países Bajos cifran en 900 millones sus pérdidas por el mismo concepto.

El contenido del informe destaca un tono reservado y una evaluación crítica sobre los límites de la fiscalidad como único mecanismo de control. Si la medida no está calibrada con precisión, se corre el riesgo de generar incentivos que favorezcan canales paralelos, afectando a los mercados legales y a los presupuestos nacionales.

REACCIONES EXTERNAS

El debate también ha generado reacciones externas. Organismos como la OMS respaldan el aumento de precios como vía para reducir el tabaquismo, especialmente entre jóvenes. Por el contrario, asociaciones del sector tabacalero y minoristas advierten que una subida abrupta podría afectar a pequeños productores, fomentar la economía informal y aumentar la presión sobre las regiones fronterizas.

Cualquier cambio en la Directiva TED requiere unanimidad entre los 27 Estados miembros. Algunos gobiernos, como los de Suecia, Hungría, Luxemburgo, Grecia e Italia, se han mostrado escépticos ante una posible armonización obligatoria, defendiendo la soberanía fiscal nacional.

Expertos en salud pública como Karl Fagerström y Anders Milton han sugerido revisar modelos alternativos, como el caso sueco, donde el consumo de snus ha coincidido con una menor mortalidad asociada al tabaco. En Suecia, el enfoque ha sido ajustar los impuestos diferenciadamente según el nivel de riesgo, un enfoque que no está permitido en el resto de la UE.

Paralelamente, Europol ha identificado un aumento de las operaciones ilícitas relacionadas con productos del tabaco dentro de la UE. Las organizaciones criminales han comenzado a establecer plantas de producción internas para abastecer los mercados de mayor demanda, especialmente en los países con fiscalidad más alta.

A medida que avanza el proceso legislativo para revisar la directiva fiscal sobre el tabaco, el informe filtrado pone de manifiesto la necesidad de un enfoque equilibrado. Las medidas fiscales pueden ser un instrumento útil, pero no sustituyen a una estrategia integral que combine control fronterizo, políticas de salud pública, apoyo al abandono del hábito y regulación eficaz de productos alternativos.