El Consejo de Ministros aprobó el 9 de septiembre el anteproyecto de la nueva ley antitabaco. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, incorpora nuevas restricciones, entre ellas la prohibición de fumar en terrazas y la equiparación entre cigarrillos electrónicos y tabaco convencional.

La tensión interna aumentó semanas después. El 29 de octubre, el PSOE introdujo en la tramitación de una directiva europea sobre criptomonedas una enmienda que modifica el impuesto aplicado a las bolsitas de nicotina. La propuesta plantea que el gravamen actual de 0,10 euros por gramo adopte un esquema progresivo hasta 2030. Esta iniciativa abrió un nuevo frente dentro del Ejecutivo.

Mientras el PSOE defiende una tributación flexible, Sanidad mantiene desde hace meses un debate sobre los productos alternativos al tabaco, y las bolsitas de nicotina se encuentran entre los artículos más señalados por García. La ministra propuso limitar a 0,99 miligramos el máximo de nicotina permitido por unidad, lo que ha puesto en evidencia las diferencias entre España y varios países europeos.

Portugal fue el último en tomar una vía distinta. El Gobierno portugués aprobó el uso de bolsitas de nicotina como herramienta para facilitar la salida del tabaco de combustión. Grecia ya había adoptado este enfoque y registró un descenso superior al 5% en su tasa de tabaquismo en los últimos años. En contraste, el Ministerio de Sanidad español mantiene una línea más restrictiva, una postura que, según la industria del tabaco, ha generado fricciones con Bruselas.

LAS OBJECIONES DE VARIOS PAÍSES

Las tensiones se hicieron visibles a finales de septiembre. Suecia remitió una carta oficial al Gobierno español en la que acusaba a España de vulnerar el mercado único al proponer el límite de 0,99 miligramos por bolsita. El Ejecutivo sueco señaló que la libre circulación se ve afectada cuando un Estado miembro restringe la venta de determinados productos.

El procedimiento europeo de notificación TRIS confirmó el malestar en varios países. Suecia, Rumanía, Italia, Grecia, República Checa y Croacia presentaron objeciones formales al proyecto español. A estas críticas se sumó la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que consideró que el borrador carecía de base científica para prohibir los sabores de los vapeadores y fijar el límite de nicotina propuesto. Además, el organismo recomendó estudiar si algunas restricciones deberían aprobarse mediante ley, y no a través de un Real Decreto.

La Comisión Europea también intervino. Bruselas comunicó que seguirá la evolución del proyecto y su posible aplicación. Tras la salida del procedimiento TRIS, el Real Decreto pasó a revisión del Consejo de Estado. Fuentes próximas al órgano consultivo señalan que el dictamen incluirá una observación sobre la idoneidad del instrumento jurídico empleado para regular esta materia.