Australia debate el futuro de su política fiscal sobre el tabaco ante el aumento del consumo de productos ilícitos y la caída de la recaudación procedente de los cigarrillos legales. La posibilidad de reducir el impuesto especial sobre el tabaco ha generado críticas de quienes consideran que la medida podría favorecer a las compañías del sector, pero sus defensores plantean que también podría reducir la diferencia de precio entre los productos legales y los que se comercializan fuera del sistema regulado.

El impuesto australiano sobre el tabaco se aplica mediante una cantidad fija por cigarrillo, mientras que otros productos, como el tabaco de liar, se gravan según su peso. Desde el 3 de marzo de 2026, el arancel aplicado a un cigarrillo estándar de hasta 0,8 gramos de tabaco se situaba en 1,53 dólares australianos por unidad. De esta forma, la carga fiscal de un paquete de 20 cigarrillos alcanzaba aproximadamente los 30,57 dólares, antes de sumar el precio del producto, los costes de distribución, los márgenes comerciales y el GST.

El sistema también contempla actualizaciones periódicas. Los impuestos se revisan en marzo y septiembre en función de la evolución de los salarios medios y, entre 2023 y 2025, se aplicó además un incremento anual del 5%. Estas subidas han elevado el coste de los productos legales y han ampliado la diferencia respecto al tabaco que se vende de forma clandestina.

El mercado ilegal no soporta estas cargas fiscales. Los productos introducidos al margen de los controles aduaneros no pagan derechos ni impuestos especiales y tampoco pasan por los canales habituales de distribución. Esta diferencia permite a los vendedores ilegales ofrecer precios inferiores a los del mercado regulado.

Los datos apuntan a un desplazamiento del consumo

Las estimaciones oficiales muestran una evolución diferente según la metodología utilizada. La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) calculó que los productos ilícitos representaron el 80% de la cantidad de productos de tabaco y nicotina consumidos en 2025, frente al 12% registrado en 2017. El organismo también estimó que el consumo total de nicotina aumentó cerca de un 40% durante ese periodo, mientras que el consumo legal de tabaco descendió a menos de un tercio de su nivel de 2017.

El ABS, no obstante, señala que estas cifras tienen carácter experimental. Las estimaciones proceden, entre otros elementos, del análisis de aguas residuales y de cálculos sobre la cantidad y composición de nicotina presente en distintos productos, por lo que no permiten determinar de manera exacta cuántas personas fuman ni establecer con precisión el tamaño del mercado ilegal.

Otros datos oficiales ofrecen una perspectiva diferente. La encuesta de hogares del Instituto Australiano de Salud y Bienestar situó en el 5,6% la proporción de australianos de 14 años o más que fumaban a diario en 2025, frente al 8,3% de 2022-2023 y al 19,5% de 2001. La misma encuesta señaló que aproximadamente una de cada tres personas fumadoras había adquirido recientemente tabaco ilegal o lo consumía en ese momento.

Las dos fuentes utilizan métodos distintos. Mientras las aguas residuales permiten estimar el consumo agregado de nicotina, las encuestas recogen información declarada por los participantes. Por ello, los resultados no son directamente equivalentes. El documento plantea que ambas tendencias pueden coexistir: el número de fumadores puede disminuir mientras una parte cada vez mayor del consumo restante procede del mercado ilegal.

La recaudación fiscal también disminuye

La evolución de los ingresos públicos constituye otro de los elementos del debate. Según la Oficina de Presupuestos Parlamentaria australiana, la previsión de ingresos procedentes del impuesto especial sobre el tabaco para 2026-2027 pasó de 14.700 millones de dólares australianos a 3.600 millones entre los presupuestos de 2023-2024 y 2026-2027. La diferencia supone una reducción de 11.100 millones de dólares respecto a la previsión inicial.

La caída de la recaudación no implica necesariamente un problema de política pública si responde a un descenso del número de personas que fuma. Sin embargo, el documento señala que la reducción de las ventas legales ha sido superior a la disminución de la prevalencia del tabaquismo, lo que apunta a un posible desplazamiento de parte de las compras hacia canales ilegales.

El debate, por tanto, no se limita a determinar si una reducción del impuesto podría beneficiar a las empresas tabacaleras. También plantea qué efecto tendría sobre los consumidores, los establecimientos legales, los ingresos públicos y las organizaciones que operan en el mercado clandestino.

Una posible reducción no beneficiaría automáticamente a las tabaqueras

El impuesto especial constituye un coste que se incorpora al precio del producto a lo largo de la cadena de distribución. Por ello, una reducción de la carga fiscal no se traduce necesariamente en un aumento equivalente de los ingresos de los fabricantes.

El efecto dependería de cómo se repartiera el ahorro entre fabricantes, distribuidores, establecimientos y consumidores. Si el descenso fiscal se trasladara íntegramente al precio final, el principal efecto inmediato sería una reducción del coste para el comprador. Si una parte quedara incorporada a los márgenes de fabricantes o distribuidores, estos también recibirían parte del beneficio.

Además, una eventual recuperación de las ventas legales no supondría necesariamente un aumento del número de fumadores. Parte de las compras podría proceder de consumidores que actualmente adquieren tabaco en el mercado ilegal y que volverían a comprar en establecimientos regulados si disminuyera la diferencia de precio.

El debate plantea alternativas a una rebaja general

El documento contempla distintas opciones para modificar la política fiscal. Una de ellas sería congelar los impuestos especiales y evitar nuevos incrementos por encima de la inflación. Otra consistiría en aplicar una reducción gradual vinculada a la evolución de las ventas legales, los precios y el consumo de productos ilícitos.

Cualquier modificación tendría que acompañarse, según el planteamiento recogido en el texto, de medidas contra el comercio ilegal y de mecanismos para comprobar cómo se distribuye el ahorro fiscal. Entre las propuestas figuran el seguimiento de precios y márgenes, el control de los establecimientos que venden tabaco y un sistema de trazabilidad de los productos legales.

El Gobierno australiano también ha destinado recursos a combatir el comercio ilícito y ha planteado nuevas sanciones y facultades de investigación dentro del proyecto de ley contra el tabaco ilegal de 2026.

La discusión sobre los impuestos especiales se produce, además, dentro de una estrategia de control del tabaquismo que durante años ha recurrido a precios elevados junto con otras medidas, como el empaquetado genérico, las restricciones publicitarias, los espacios sin humo y los programas de abandono del consumo.

El reto para las autoridades consiste ahora en determinar si el nivel actual de fiscalidad continúa reduciendo el consumo total o si una parte creciente de las compras simplemente se ha trasladado al mercado ilegal. La respuesta condicionará el futuro de los impuestos especiales sobre el tabaco en Australia y el equilibrio entre recaudación, control del consumo y lucha contra el comercio clandestino.