El gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca aprobar una reforma constitucional que prohíba la comercialización de cigarrillos electrónicos y vapes antes de que termine el año. Aunque la medida se justifica en motivos de salud pública, ha generado inquietud respecto a sus efectos en la economía informal y la creciente participación del crimen organizado en este mercado.

Actualmente, el comercio de estos dispositivos de vapeo se encuentra en un área legal ambigua en México, luego de que anteriores intentos de prohibición fueran cuestionados en tribunales. Si la prohibición se convierte en una enmienda constitucional, el veto quedaría oficializado de manera irrevocable. Para la administración de Sheinbaum, este cambio se ve favorecido por la mayoría legislativa del partido gobernante, Morena, que tras ganar en las últimas elecciones posee la capacidad de modificar la constitución.

MERCADO NEGRO

Sin embargo, especialistas advierten que esta prohibición podría fortalecer el mercado negro de vapes, cuyo control recae en organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Óscar Balderas, periodista especializado en el tema, el 90% de los cigarrillos electrónicos en México provienen del contrabando y son distribuidos a través de redes criminales que los importan de países como China, India y Bangladesh. Este mercado ilícito de vapes se estima en unos 5 mil millones de pesos anuales (aproximadamente 260 millones de dólares), una cifra que representa ingresos considerables para los grupos delictivos.

Además, estos productos ilegales no pasan por ningún tipo de regulación sanitaria, lo que genera riesgos para los consumidores, quienes muchas veces desconocen los componentes de los vapes que adquieren en el mercado informal. Algunos estudios han detectado que estos dispositivos pueden contener sustancias peligrosas, como mercurio, aumentando los riesgos de salud sin ningún tipo de supervisión médica o fiscal.

La violencia también se ha asociado con el mercado de los vapes, ya que los grupos delictivos emplean la intimidación para mantener el control sobre el territorio y el comercio. Esto no solo permite que el crimen organizado acumule ingresos ilegales, sino que también aumenta los costos para el sistema de salud pública, al no existir impuestos que compensen el gasto en atención médica derivado de enfermedades relacionadas con el vapeo.

BALANCE QUE REDUZCA DAÑOS

Expertos en reducción de daños, como la académica Angélica Ospina, afirman que la prohibición no resolverá las preocupaciones de salud pública relacionadas con el vapeo, ya que solo desplaza el consumo a mercados no regulados. Además, Ospina señala que el vapeo sigue siendo una práctica atractiva para jóvenes debido a su mercadeo, que incluye diseños, colores y sabores llamativos. La alternativa, sostiene, sería establecer un marco de regulación que, al igual que en el caso del alcohol y el tabaco, limite su venta a mayores de edad, establezca impuestos y asegure estándares de calidad.

En este sentido, Balderas sugiere que los impuestos derivados de un mercado regulado de vapes podrían destinarse al sistema de salud, mientras que la participación de empresas legales en el sector podría reducir la influencia del crimen organizado en la economía informal. Sin embargo, el periodista advierte que una vez que el crimen organizado establece control sobre un mercado, revertir esta influencia resulta una tarea compleja.

Para Ospina, el verdadero reto es encontrar un balance que reduzca los daños, considerando que prohibir no siempre garantiza seguridad. La regulación podría permitir una supervisión eficaz y proteger mejor a los consumidores, sin dejar que el problema del vapeo permanezca en las sombras de un mercado gris.