México endurece sus medidas contra el tabaco con la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco, para buscar combatir el tabaquismo y salvaguardar la salud pública. Las nuevas regulaciones, que se basan en las leyes federales y estatales existentes desde 2008, incluyen una prohibición total de la promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco.
El panorama cambia en cuanto a la regulación de los productos de vapeo. A pesar de las restricciones adicionales incorporadas, la prohibición de la venta de vaporizadores en México ha sido considerada inconstitucional por la Segunda Sala de la Corte Suprema del país, con tres votos a favor. Este hecho supone un revés legal para el gobierno, ya que se argumenta que el decreto presidencial que impone la prohibición viola la libertad de comercio.
Aunque este dictamen permite a los minoristas involucrados en el caso reanudar la venta de productos de vapeo, no establece un precedente legal general. Otros comerciantes interesados en vender estos productos deberán impugnar individualmente la constitucionalidad de la prohibición a través de casos judiciales separados. A pesar de este fallo, la prohibición general de vapear se mantiene en pie.
Vaping Post informa que el gerente de políticas de la World Vapers’ Alliance (WVA), Alberto Gómez Hernández celebra la decisión de la Corte Suprema. Destaca que la prohibición no solo afecta la libertad de comercio de las empresas, sino también los derechos de salud y desarrollo personal de los adultos mexicanos. Gómez Hernández espera que el gobierno o el poder judicial revisen y reviertan la prohibición, argumentando que históricamente estas medidas han exacerbado los problemas de salud pública relacionados con el tabaquismo.
SITUACIÓN EN ARGENTINA
Mientras tanto, en Argentina, expertos en reducción de daños del tabaco, representados por la asociación argentina de vapeadores Asovape Argentina y la WVA, instan al presidente Javier Milei a reconsiderar la estricta prohibición local de vapear. En una carta abierta, piden la derogación de la disposición administrativa 3226/2011 de la ANMAT, que prohíbe la comercialización de productos de vapeo.
Las asociaciones argumentan que numerosos estudios han demostrado un perfil de riesgo significativamente menor asociado con los dispositivos de vapeo y su eficacia para dejar de fumar. Consideran que la prohibición atenta contra la libertad individual de los adultos argentinos y sus derechos al desarrollo personal, la información y la salud.
Argentina, con una tasa de tabaquismo del 24.5%, una de las más altas del mundo, enfrenta críticas por la prohibición que, según los firmantes, contribuye a sus problemas de tabaquismo. Juan Facundo Teme, presidente de Asovape Argentina, sostiene que la prohibición viola los derechos de los adultos argentinos y aboga por su derogación. Sugiere que el Estado debería respetar las decisiones individuales de consumir nicotina de manera menos perjudicial y destaca la diferencia entre vapear y fumar.
Gómez Hernández critica la postura restrictiva de Argentina y alienta tanto a Argentina como a México a seguir el ejemplo de naciones como Suecia y el Reino Unido, que han optado por enfoques que facilitan a los fumadores abandonar el hábito y mejorar su salud mediante alternativas más seguras.
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