Un reciente informe respaldado por el gobierno del Reino Unido está sacudiendo los cimientos de la política antidrogas tradicional. Según este estudio, lejos de reducir la violencia, las intervenciones policiales dirigidas al narcotráfico estarían provocando el efecto contrario: más enfrentamientos, más caos y mayor empoderamiento de las mafias.

El informe, elaborado por RAND Europe por encargo del Ministerio del Interior, pone en entredicho la eficacia de una vigilancia intensiva. Las conclusiones son contundentes: las operaciones que apuntan a grandes distribuidores o que incautan cargamentos importantes no están desmantelando el crimen organizado, sino intensificando las disputas entre bandas rivales.

Esta visión no es nueva, pero lo que marca un punto de inflexión es que ahora es el propio Estado británico quien reconoce estos efectos contraproducentes. La eliminación de figuras clave en las redes criminales genera vacíos de poder que rápidamente derivan en luchas internas y escaladas de violencia.

CUANDO LA LEY ALIMENTA LO QUE INTENTA COMBATIR

Expertos y ex policías llevan años advirtiendo sobre el fracaso de la estrategia represiva. Steve Rolles, de la organización Transform Drug Policy Foundation, sostiene que la ofensiva policial no debilita al crimen, sino que fortalece a los grupos más peligrosos. Por su parte, Neil Woods, ex agente encubierto y hoy activista por la reforma, ha señalado que cortar rutas de distribución obliga a los consumidores a recurrir a fuentes inseguras, elevando el riesgo de sobredosis y muertes.

Más allá del Reino Unido, los efectos colaterales de estas tácticas también se han observado en otros países. Otro análisis, esta vez de RUSI Europe, revisó operaciones similares en distintos lugares y encontró un patrón inquietante: el cierre de canales como Sky ECC —una app de mensajería usada por redes criminales— provocó un aumento de asesinatos, tiroteos y desestabilización general, en vez de frenar el tráfico.

En todos los casos evaluados, ninguna intervención produjo una disminución sostenida en el suministro de drogas. Por el contrario, estas acciones sembraron el caos, desatando conflictos que antes estaban contenidos por equilibrios precarios dentro del crimen organizado.

EL CASO DE LOS VAPES DESECHABLES

La lógica de la prohibición no solo afecta al narcotráfico. También se refleja en productos como los cigarrillos electrónicos. En el Reino Unido, el intento de vetar los vapes desechables ha generado un floreciente mercado clandestino. Dan Marchant, del Vape Club, advierte que más de un millón de adultos dependen de estos dispositivos para mantenerse alejados del tabaco tradicional. Sin embargo, la prohibición ha llevado la venta de estos productos a la ilegalidad, donde no hay controles de calidad ni regulaciones.

Las estadísticas muestran que el mercado negro de vapes podría ser tan grande como el legal. Y los productos ilegales, muchas veces con dosis excesivas o sin certificación, representan un riesgo para la salud pública que contradice el objetivo inicial de protección.

La evidencia acumulada, ahora validada por organismos oficiales, plantea una disyuntiva para el Reino Unido: continuar por una ruta represiva que demuestra ser ineficaz o dar paso a un modelo centrado en la salud pública y la reducción de daños. La decisión no es menor. Según voces críticas como el académico Petter Grahl Johnstad, algunas políticas de drogas actuales podrían incluso estar vulnerando derechos fundamentales como el acceso a la vida y la seguridad.

El desafío está sobre la mesa. El gobierno británico puede persistir en una estrategia fallida o tener el coraje de repensar su enfoque. Lo que está claro es que prohibir, por sí solo, no está garantizando ni menos violencia ni más seguridad. Y seguir ignorando los efectos colaterales puede salir muy caro.