El Ministerio de Salud de Malasia anunció un incremento del impuesto especial sobre los líquidos de vapeo del 900%, pasando de 40 sen a 4 ringgit por mililitro. La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a la restricción total de los cigarrillos electrónicos y de vapeo en el país.

La Organización de Entidades Vape de Malasia (MOVE) cuestionó el plan y sostuvo que el aumento podría tener efectos contrarios a los objetivos de salud pública. Su presidente, Samsul Kamal Ariffin, señaló que encarecer los productos de vapeo por encima del precio de los cigarrillos tradicionales eliminaría un incentivo clave para que los fumadores cambien a opciones menos nocivas.

MOVE también advirtió que una carga fiscal tan elevada podría fomentar el comercio ilegal de líquidos sin control sanitario, con consecuencias económicas y regulatorias. Según la organización, países como Australia y Singapur han enfrentado un incremento del mercado negro tras imponer medidas similares. Ariffin recordó que el Ministerio de Finanzas había considerado previamente un aumento moderado hasta 80 sen, y que el salto a 4 ringgit contradice los compromisos iniciales.

EUROPA ESTUDIA MEDIDAS FISCALES SIMILARES

En paralelo, la Unión Europea evalúa una reforma de su Directiva de Impuestos sobre el Tabaco que incluiría gravámenes mínimos para los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. Un análisis de Tamarind Intelligence indica que estas propuestas elevarían el costo de los productos alternativos en todos los estados miembros.

Documentos filtrados sugieren que la Comisión Europea planea equiparar el tratamiento fiscal de los productos de nicotina con el de los cigarrillos convencionales, lo que reduciría su ventaja económica. El plan también contempla restricciones adicionales sobre sabores, envases y regulaciones ambientales, lo que podría limitar la disponibilidad de varias categorías. Diversos gobiernos y organizaciones han expresado preocupación porque la medida podría frenar el cambio de los fumadores hacia alternativas menos dañinas.

EL MODELO SUECO PLANTEA UN CONTRASTE

Suecia ofrece un ejemplo distinto. Allí, productos como el snus y las bolsas de nicotina reciben un tratamiento fiscal diferente por su menor riesgo. Esta política ha coincidido con una de las tasas de tabaquismo más bajas de Europa, cercana al 5%. El gobierno sueco ha objetado las prohibiciones impuestas por otros estados miembros, argumentando que restringen la libre circulación de bienes y pueden perjudicar las metas de salud pública.

Las filtraciones de Bruselas indican que algunos países considerarían incrementos de entre 650% y 800% en los impuestos sobre las bolsas de nicotina, lo que podría hacerlas inaccesibles para muchos consumidores y, según expertos, provocar un retorno al tabaco tradicional.

DEBATE SOBRE EL IMPACTO FISCAL Y SANITARIO

Especialistas en economía de la salud pública sostienen que la política impositiva debe reflejar el nivel de riesgo de cada producto. La Fundación Tributaria Europa plantea que gravar de forma diferenciada —manteniendo altos impuestos sobre los cigarrillos y tasas reducidas para alternativas de menor riesgo— podría favorecer el abandono del tabaco y mantener los ingresos fiscales.

En Estados Unidos y Europa, diversos estudios advierten que la equiparación fiscal entre cigarrillos y productos de vapeo puede desincentivar el cambio y ampliar el mercado ilícito. Incluso la Comisión Europea reconoce en sus informes que el aumento de los impuestos busca reducir la atractividad de los productos alternativos, lo que contradice los principios de reducción de daños.

DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Tanto en Malasia como en la Unión Europea, las políticas fiscales hacia los productos de nicotina presentan un dilema común: los aumentos de impuestos y las prohibiciones pueden limitar el acceso a las alternativas que ayudan a los fumadores a abandonar el cigarrillo. En ambos contextos, los críticos señalan que una tributación desproporcionada podría frenar los avances en reducción de daños y fortalecer los canales ilegales de venta.

Los analistas proponen un enfoque fiscal basado en la evidencia: mantener los impuestos más altos sobre los productos de combustión y aplicar gravámenes diferenciados para los dispositivos y productos de nicotina de menor riesgo. Este modelo, dicen, equilibraría los objetivos de salud pública con la sostenibilidad fiscal y reduciría la dependencia del tabaco tradicional.